En el Diario
Jueves 25 Abril 2024

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El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, inauguró la planta de tratamientos de residuos secos, junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, la planta esta ubicada en Villa Soldati, en la calle Ana María Janer 2750, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como siempre menciona el jefe de Gobierno en las reuniones con vecinos en las Comunas cuando se le reclama por la basura, "en la Ciudad ha mejorado muchísimo en la separación y el tratamiento de los residuos reciclables" ya que "hace 4 ó 5 años prácticamente no se separaba nada, y venir hoy y ver esta planta es un avance enorme con la mejor tecnología puesta para cuidar el medio ambiente".
El tema va mejorando, aunque todavía hay mucho por hacer, ya que muchas de las comunas de la Ciudad todavía existe la ausencia de contenedores verdes que permitiría recoger más material reciclable, y muchas veces los vecinos no se pueden acercar a los Puntos Verdes porque les quedan lejos o no poseen vehículos para cargar el material a los lugares donde se encuentran, también mejoraría el trabajo de los recuperadores urbanos, ya que no se tendría que revolver en los contenedores negros en búsqueda de lo reciclable. En el Centro de Reciclaje de Villa Soldati funcionan además una planta de tratamiento de PET (procesa unos 2000 kilos por hora); una planta de tratamiento de residuos orgánicos (tiene una capacidad para tratar entre 10 y 20 toneladas de residuos por día); una planta de tratamiento de residuos de poda y forestales (procesa un total estimado en 18 mil toneladas por año de restos de podas y forestales); y una planta de tratamiento de residuos áridos (puede tratar hasta 2400 toneladas de escombros y restos de construcción por día).
El vicejefe Diego Santilli valoró los avances en el tratamiento de los residuos al marcar que "hoy la Ciudad de Buenos Aires está enterrando 2.800 toneladas/día por sobre las 6.000 que produce".
Por su parte, Macchiavelli precisó que actualmente la Ciudad está "recuperando, de materiales secos, 400 toneladas por día" y que el objetivo fijado por el Gobierno porteño para 2019 es "duplicar esa cantidad" y "llegar a 800 toneladas/día".
En el Centro de Reciclaje funciona también un Centro Educativo, que recibe visitas con el fin de concientizar en materia ambiental y poder apreciar y vivenciar las cuatro plantas de tratamiento que funcionan en el lugar.

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La ciudad suma termotanques solares en instituciones de bien público, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, a través de la Agencia de Protección Ambiental, se encuentra instalando sistemas de calentamiento de agua con tecnología solar en organizaciones dedicadas a la contención social a niños, adolescentes y adultos. Esta iniciativa se realiza en el marco del Proyecto de Colectores Solares Térmicos para Instituciones Asociadas a la Vulnerabilidad Social.
"Estos equipos producen 300 litros de agua caliente para uso sanitario y permiten que los hogares y comedores ahorren entre un 30% y un 80% de la energía necesaria para calentar el agua de uso sanitario", expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño en su visita a la Asociación Civil Soles en el Camino de San Cristóbal, que ya cuentan con 3 colectores, con los que cubren hasta el 50% de la demanda de agua caliente del lugar.
Esta iniciativa busca concientizar en materia de eficiencia energética y cuidado del ambiente, promueve las energías renovables, disminuye los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global y reduce el gasto mensual de electricidad, gas o garrafas.
Los colectores ya se instalaron en el Hogar de Adolescentes Nueva Vida, ubicado en Nueva Pompeya; en el Hogar de Mujeres Adolescentes con Hijos Nuestra Señora de Nazareth que funciona en Balvanera, en el hogar de niños de la Asociación Civil Soles en el Camino de San Cristóbal, y en el Centro Misionero y Solidario San Cayetano del Niño Jesús, situado en Villa Lugano.
También está en marcha la instalación del sistema en el hogar de niños de la Fundación Navarro Viola de la Asociación Civil Gestión Educativa y Social, ubicado en Parque Avellaneda; y próximamente se intervendrá en la Asociación Civil María del Rosario de San Nicolás, hogar de mujeres de Parque Chas.
A su vez, se brinda la capacitación a los usuarios, a través de charlas durante el proceso de instalación, y al instalador sanitarista o plomero que la institución disponga, sobre el funcionamiento, las conexiones y el mantenimiento del sistema.

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La Asociación de Inquilinos Agrupados realizo un informe, en base a los datos de la dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño que publicó recientemente un informe con datos alarmantes sobre el mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. El estudio corresponde al tercer trimestre de 2016 y afirma que un departamento de tres ambientes alcanza, en promedio, los $10.824; uno de dos ambientes, $ 6831 y un monoambiente, $ 4899.
En otro informe, denominado "Ingresos en la Ciudad de Buenos Aires (ETOI)" correspondiente al mismo período que el mencionado estudio sobre el mercado de alquileres, se afirma que la población tiene un ingreso promedio de $16.100. Si un inquilino con ese ingreso alquila un monoambiente, destina el 30% de su salario en el alquiler; si alquila un dos ambientes, destina el 42% y si alquila un tres ambientes, destina el 67%.
Esto significa que un porteño que gana $16.100 destina en promedio un 46% de sus ingresos en el pago del alquiler. Esto sin mencionar expensas, servicios e impuestos; que si bien no existen datos estadísticos, estimamos que representan un 30% sobre el precio del alquiler. De esta forma, alquilar un departamento y pagar sus expensas, servicios e impuestos, se llevaría el 60% de un salario promedio.
Ahora, si disgregamos los datos por barrio, se observa que quienes menos ganan destinan un porcentaje mayor de sus ingresos en la vivienda. Según el mismo informe, la población de zona norte tiene un ingreso de $22.134, la de zona centro de $15.220 y la de zona sur de $12.161. Los precios de los alquileres disminuyen hacia el sur, pero no tanto en comparación con el ingreso.
Tomamos un ejemplo, un departamento de dos ambientes en Recoleta vale $7.310, en Boedo vale $5.979 y en Villa Lugano vale $5.086. De esta forma, el porteño que gana $22.143 y alquila un dos ambientes en Recoleta, destina el 33% de su ingreso en el alquiler; el que vive en Boedo y gana $15.220, destina el 39% y el que vive en Villa Lugano y gana $12.161, destina el 41% de su ingreso.
Este impacto del alquiler en los ingresos empezó a agudizarse en noviembre de 2015, con renovaciones de contratos con 40% de aumento y ajustes semestrales (antes anuales) del orden del 12 al 15%. A esto se le debe sumar el aumento de las expensas, del ABL, de los servicios públicos y los requisitos para firmar o renovar un contrato: un mes de comisión inmobiliaria, uno o dos meses de depósito, gastos administrativos y en caso de no contar con garantía propietaria, un mes para contratar un seguro de caución.
En este contexto, el nuevo presidente del Banco Nación habla de ampliar los créditos hipotecarios, afirma que "la meta es dar entre 10.000 y 15.000 préstamos". Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay más de un millón de inquilinos, que representan el 35,2% de los habitantes.
Los créditos hipotecarios, con requisitos que casi nadie cumple (un ahorro del 15% del valor de la vivienda, ingresos familiares por más de 40 mil pesos, etc.) no pueden ser la única respuesta a esta situación. Por este motivo, creemos que es fundamental que se apruebe en Diputados la Ley Nacional de Alquileres y que cada jurisdicción tenga su propia política para facilitar el ingreso a una vivienda alquilada.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, insistimos con los puntos que le planteamos al Instituto de la Vivienda: que la comisión inmobiliaria la pague el dueño, que se establezca un sistema de garantía universal y que los pedidos de informe y la certificación de firmas sean gratuitos para inquilinos. Hasta el momento la gestión de Rodríguez Larreta se dedicó a elaborar informes y a promocionar el "Alquilar se Puede", un plan que no le facilitó el ingreso a una vivienda a ningún inquilino. Es fundamental que el Gobierno de la Ciudad trabaje en otro sentido, con políticas concretas que beneficien al sector. Gervasio Muñoz, Inquilinos Agrupados

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Quien no recuerda ese viejo dicho hecha la ley, hecha la trampa, o que las leyes se sancionan, se reglamentan, y muchas no se cumplen por innumerables motivos, falta de inspectores, la ausencia de denuncias, la poca educación con respecto a los Derechos del Consumidor que tenemos los ciudadanos, la falta de tiempo, la desinformación haces que las practicas abusivas en muchos comercios sigan existiendo, por eso de la viveza criolla todavía se ve en algunas vidrieras de bares o restoranes, la leyenda de los baños son de uso exclusivos de los clientes, cuando esto no es así, la norma dice que las personas tienen el derecho sin haber consumido a usar las instalaciones sanitarias.
Las prácticas abusivas se podría decir están a la orden del día, cobrar extra por la carga de la tarjeta SUBE, por efectuar una carga en el celular, o en las cabinas telefónicas a cobrar el uso de cabina o un monto mínimo de llamada, todas estas situaciones siguen sucediendo gracias a que muchos vecinos prefieren pagar y no perder tiempo en hacer una llamada al 147,o dirigirse a las oficinas de Defensa y Protección del Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales, o enviar mail al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
La Legislatura de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, con fecha 10 de enero de 2017 Modifico la Ley 4801 que quedará redactada de la siguiente forma: capítulo i del Servicio de carga de crédito virtual Art. 1°.- Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto como condición previa a prestar dichos servicios.
Art. 2°.- Todos los comercios o locales comprendidos en el artículo anterior, deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en forma clara, legible y destacada debiendo respetarse los colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde el sitio web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas de la misma, con la siguiente leyenda: "Sr. Usuario: Está prohibido el cobro de adicionales y/o la exigencia de compra para la prestación del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares, en servicios de televisión satelital, en Tarjetas SUBE (Sistema Único Boleto Electrónico) o por la venta de tarjetas de recarga de crédito para teléfonos celulares.
Dicha conducta es considerada una Práctica Abusiva contraria al trato digno establecido en el Artículo 8° bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. La obligación de exhibir cartel, contemplada en el presente artículo se extiende a los comercios y locales que provean los servicios análogos establecidos por la autoridad de aplicación por vía reglamentaria. Nº 5047.
Art. 8°.- La máxima autoridad en materia de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la autoridad de aplicación de la presente Ley. Art. 2º.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez Buenos Aires, 10 de enero de 2017.

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A partir del 23 de enero entra en vigencia la Ley de Eventos Masivos.
Por ello, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC ofreció una charla informativa destinada a las productoras que realicen este tipo de espectáculos.
Durante la misma, el Director General del área, Diego Pérez Lorgueilleux y su equipo explicaron los requisitos necesarios a cumplir por las productoras para adecuarse a la ley.
Es importante destacar que todas las productoras que quieran realizar un evento masivo deberán inscribirse en el nuevo registro público oficial. Además, deberán disponer de un conteo electrónico de asistentes en tiempo real que sea visible tanto para los responsables de controlar el evento como para el público. Otro requisito fundamental es que las productoras presenten planes de despliegue de seguridad y asistencia sanitaria previo al evento que, según la magnitud del evento deberán ser aprobados por el SAME y los bomberos.
También deberán contar con promotores en todas las puertas de acceso especialmente capacitados para brindar información sobre seguridad y reducción de daños, entre otras cosas. Los cursos serán dictados por Cruz Roja, Defensoría del Pueblo y por personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

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En línea con los controles que se vienen realizando en el Barrio de Once y a raíz de las reiteradas denuncias de los vecinos, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, en conjunto con la Secretaria de Seguridad de la Nación realizaron un importante operativo en una Galería comercial, en la cual vendían artículos de celulares de dudosa precedencia.
Las inspecciones se llevaron a cabo en Pasteur al 200, donde se clausuraron 9 locales que vendían accesorios para celulares y tecnología. Dichos lugares no poseían habilitación, no contaban con las medidas de seguridad e higiene requeridas, como es el caso de la presencia de matafuegos.
El Director Ejecutivo de la AGC, Ricardo Pedace y el Jefe de Gabinete, Maximiliano Puccio, concurrieron al lugar, acompañando el trabajo de los diversos organismos.
Ricardo Pedace comentó: "Pudimos determinar la peligrosidad con que se están desarrollando las tareas en estos locales ya que no cuentan ni con las mínimas condiciones de seguridad. No hay plano de evacuación, no hay control contra incendios, no están las condiciones elementales mínimas para la seguridad de los propios trabajadores, esto motiva la correspondiente clausura".
Al mismo tiempo, el Jefe de Gabinete de la AGC confirmó que el material decomisado era de origen Chino que no se sabe la manera en la que ingresaron.
Además, se clausuró un depósito con similar mercadería, el cual representaba un peligro para todos los vecinos porque presentaba mucha carga de fuego, es decir, mucha cantidad de material combustible desparramado en todo el depósito.
Del Operativo participó personal de Policía Federal, Policía de la Ciudad y Afip.
Las personas extranjeras que trabajaban en los locales fueron debidamente identificadas por la Dirección Nacional de Migraciones.

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El Legislador Porteño de Unión PRO, Emilio Raposo Varela, confirmó la necesidad de un ajuste dentro de las políticas de migración en Argentina, y agrego "aquellos inmigrantes sin antecedentes penales siempre serán bienvenidos"
Raposo Varela aseguró que es necesario un nuevo procedimiento más actualizado y efectivo donde se le niegue el ingreso a quienes presenten antecedentes penales en el exterior.
"La actual legislación debería modificarse manteniendo la esencia de nuestro país abierto e integrador, ajustando las políticas migratorias para fortalecer los controles de ingreso y agilizar los trámites de expulsión hacia aquellos extranjeros que hayan cometido delitos", detalló el funcionario. Como hijo de inmigrantes gallegos radicados en nuestra Ciudad, declaró que una característica clave de Argentina es recibir y albergar gran cantidad de personas provenientes de otros países que llegan a nuestras tierras todos los días.
"Como sociedad debemos fijar reglas ´con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, proveer la defensa común, promover el bienestar general para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino´, tal como lo indica el Preámbulo de nuestra Constitución", finalizó el Legislador Porteño Arq. Emilio Raposo Varela.

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Comentarios sobre la eliminación de la devolución del 5% del iva en las compras con tarjeta de débito, la medida se había tomado a fines de 2001 para estimular el consumo y además garantizar el blanqueo de las compras en negro. Pero este año a pesar que las ventas registran una pronunciada caída según la CAME, y que muchos comerciantes se manejan con modo informal, ya no habrá devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito. El reintegro era de un 5% sobre un tope de compra de 1.000 pesos. Comenzó en noviembre de 2001, y su prórroga fue realizándose todos estos años a pesar que la economía tuvo por momentos tasas de crecimiento altas.
Por primera vez esta prórroga no se produjo y al término del 2016 y comienzos del 2017, la misma no salió. En Economía defienden la medida diciendo que como era una ley transitoria que duró 15 años era momento de realizar una modificación y que forma parte de una revisión integral del sistema impositivo. Por otra parte aducen en AFIP que la medida tenía un costo fiscal alto no cumpliendo con el objeto de fomentar el uso de las tarjetas de débito.
Sin embargo, el cálculo dice que la Nación aproximadamente dejó de recaudar en 2015 alrededor de 4.500 millones y unos 6.000 millones de pesos en el año 2016 por este beneficio. En el presupuesto del año 2017 el costo de la devolución de IVA por tarjetas de débito sumaría un total de 7511 millones.
Tal medida a pesar de los endebles argumentos, representa una disminución del gasto para el Gobierno y un aumento de impuestos para los contribuyentes. Recordemos que Argentina tiene uno de los IVA más altos del mundo puesto que en países de Europa y en EEUU ronda entre el 5 y el 12 %. Por ello la presión fiscal sigue siendo importante para los estratos sociales que menos tienen ya que al gastar todos sus ingresos soportan la mayor presión fiscal representada por este impuesto al consumo.
En otro orden fomenta la economía en "negro" y la evasión fiscal ya que al no poseer este beneficio, será más sencillo la utilización de efectivo para los usuarios ya que los comercios suelen ofrecer descuentos en efectivo y consecuentemente la evasión de la facturación.
Recordemos que una familia que cobra sus haberes o recibe sus beneficios y está bancarizada, por compras hasta $ 1000 recibe el 5% lo que representa un valor de $ 50 que a lo largo del mes pueden transformarse en una suma que sirve para cubrir otros gastos como por ejemplo la carga de la tarjeta SUBE.
Por último, antes de terminar el año, salió una resolución que prevé una devolución de IVA para turistas extranjeros en servicios de alojamiento. Este costo fiscal no estaba previsto en el Presupuesto 2017 por ello es atinado pensar que este desembolso sería compensado con el ahorro de devolución en el mercado interno.
Alejandra Napolitano
Titular del Centro de Estudios Impositivos y Tributarios para la Administración Pública de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

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Especialistas y organizaciones sociales de infancia conformaron la Red "Argentina No Baja", la mesa de trabajo se realizó en la Legislatura porteña con la presencia de legisladores, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, instituciones y especialistas en infancia para frenar la iniciativa propuesta por el macrismo. La iniciativa toma como ejemplo la campaña "No a la baja" que se realizó en Uruguay en 2014.La Red Argentina No Baja nace con la vocación de articular las voces de quienes estamos contra la baja de edad de punibilidad. Una iniciativa amplia y plural que albergue a distintas expresiones sociales, culturales y políticas de quienes coincidimos en que nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad.
Acuerdos básicos para la convocatoria Red Argentina No Baja
Frente a la reiterada propuesta de "bajar la edad de imputabilidad", recientemente retomada por un sector del gobierno, como modo de responder a situaciones puntuales de violencia y/o inseguridad, decimos que:
1) Es Ineficaz: La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total). Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.
2) Empeora la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar
políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.
3) Utiliza a los adolescentes como "chivo expiatorio" de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes (2 de cada 3 noticias en los medios que hablan de niños y adolescentes son policiales), cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial (son jóvenes las víctimas de gatillo fácil y quienes sufren hostigamientos, violencias y torturas cotidianas por parte de las fuerzas públicas en los barrios). Es necesario que el Estado garantice a todxs lxs pibxs educación, oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.
4) Confunde sobre el fondo de la cuestión: Es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas: Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de lxs adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.
5) Es Inconstitucional, al violar el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
6) El Estado debe garantizar a los niñas niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad mientras se vacían, desfinancian y cierras todas las políticas públicas de inclusión, lejos de una solución a la sociedad, es una hipocresía.

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A 10 años de la ley argentina que reconoce del Genocidio Armenio, el Consejo Nacional Armenio, organismo que impulsó la ley, emitió un comunicado en el que relató el recorrido que se llevó adelante para lograr el reconocimiento a nivel nacional.
Al comienzo de la lucha hubo un acompañamiento desde todos los sectores tanto políticos como sociales de nuestro país que "hicieron propio el reclamo por el reconocimiento de este genocidio y contra el negacionismo del Estado turco", con resoluciones parlamentarias nacionales y provinciales y, ya con la llegada de la democracia, el reconocimiento en un discurso del entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín ante la comunidad armenia de la Argentina en septiembre de 1987. "Sin embargo, ese camino por el reconocimiento tendría un retroceso en la década del noventa", cuando el presidente Carlos Menem vetó una ley de reconocimiento que había sido sancionada por unanimidad en el parlamento.
Para el Consejo Nacional Armenio, a partir del 2003, la "apertura de una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos" marcada por "la derogación de las leyes de impunidad, la posibilidad de continuar con los juicios a los genocidas, y la incorporación en la agenda del Estado del discurso y reivindicaciones de los organismos de derechos humanos" constituyó un "marco propicio" para los históricos reclamos de la comunidad armenia.
"Este gran logro en el camino del reconocimiento del Genocidio Armenio, se pudo concretar gracias a este acompañamiento y a la voluntad política del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner y distintas fuerzas políticas que impulsaron la iniciativa en la Honorable Cámara de Diputados (Rafael Bielsa, Frente para la Victoria-PJ; Hermes Binner, Partido Socialista; Carlos Raimundi, ARI; Federico Storani, UCR; y Federico Pinedo, PRO)", explicó el Consejo Nacional Armenio, "entendiendo la relevancia de este pronunciamiento no sólo para la comunidad armenia de Argentina sino como un reclamo de gran parte de la sociedad argentina que luego de haber atravesado una experiencia genocida en el pasado rechaza cualquier repetición futura de este tipo de crímenes, sintetizado en la expresión bisagra en nuestra historia 'Nunca más'".
La ley permitió que las provincias "adhieran" a la misma e incorporen la fecha a su calendario y currícula escolar, mientras que funcionó como uno de los fundamentos en la sentencia del Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio iniciado por Gregorio Hairabedian y copatrocinado por las instituciones comunitarias, que determinó la responsabilidad del Estado turco en el Genocidio Armenio. Además, permitió que el Ministerio de Educación, a través de su programa Educación y Memoria, incluyera el Genocidio Armenio entre sus ejes de trabajo y confeccionara junto con el Consejo Nacional Armenio un material para trabajar el Genocidio Armenio en las escuelas.
"Actualmente, cuando al lobby de Turquía se le ha anexado el de Azerbaiyán, es fundamental que Argentina ratifique permanentemente que el negacionismo no tiene lugar en nuestro país, por más ofertas o amenazas que distribuyan a nivel nacional y provincial. Quien busque relaciones equilibradas con ambas posiciones, debe saber que está cargando en sus platillos víctimas y victimarios, lo que resulta inaceptable", cierra el comunicado del Consejo Nacional Armenio.
Agencia Prensa Armenia