El Legislador porteño Fernando Muñoz presentó el primero de Abril un pedido de información al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, fundado en la Ley 104, de acceso a la información pública. En el mismo se solicita información sobre la aplicación de la Ley 2.340 de la CABA. Habiendo transcurrido más de 10 días hábiles desde la presentación y sin haber recibido respuesta, Fernando Muñoz quedó habilitado a presentar una acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la ciudad.
El Legislador porteño del Frente Progresista Popular, Fernando Muñoz, utilizó la herramienta brindada por el primer artículo de la Ley 104, de acceso a la información pública y presentó un pedido de información en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, organismo encargado de hacer cumplir la ley 2.340.
Esa ley fue sancionada en 2007 por la Legislatura porteña y establece, en el artículo 57, que las inmobiliarias no pueden cobrar una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, un monto que no debería superar un mes de alquiler. Además, crea el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) como el organismo encargado de controlar el ejercicio de la profesión.
En el pedido de información presentado en la sede de CUCICBA, se requiere que el organismo detalle y presente documentación referida a las medidas de supervisión y control que se emplean para asegurar el cumplimiento del monto máximo de comisión y si se registraron denuncias por cobro de comisiones por encima de este máximo.
El Legislador porteño, Fernando Muñoz, consideró "a pesar de que existe una ley que establece un monto máximo de comisión, en la Ciudad lo que impera es la ley del mercado, las inmobiliarias eluden el cumplimiento de la ley, cobran como mínimo dos meses de comisión, no dan recibos y armaron un gran mercado negro paralelo".
"Los inquilinos porteños están sometidos a las condiciones que fija la corporación inmobiliaria, en la Ciudad de Buenos Aires no existe ningún organismo público que se encargue de defender a los inquilinos y de regular el mercado", dijo el Legislador porteño que presentó dos proyectos de ley en ese sentido.
En el pedido de información se solicita, además, que CUCICBA detalle las medidas que se emplean en contra de la "publicidad engañosa" que existe en relación al monto máximo de comisión establecido en el artículo 57 de la ley citada y la razón o motivo por el cual, a partir de junio de 2014, se exige el abono de un arancel de $360 para tramitar denuncias contra matriculados.
Habiendo transcurrido más de 10 días hábiles desde la presentación del pedido de información y sin haber recibido respuesta, Fernando Muñoz quedó habilitado (según el artículo 8 de la Ley 104) a presentar una acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la ciudad. "El próximo paso es ir a la Justicia y denunciar que CUCICBA es responsable de la ilegalidad con la que se manejan las inmobiliarias, ilegalidad que tiene al Gobierno de la Ciudad como cómplice y que tiene a más de un millón de inquilinos en un estado de absoluta indefensión".