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Nuevo convenio entre el Ente Único Regulador de los Servicio Públicos de la CABA y FECOBA, el miércoles 13 de mayo, en la sede central del Ente Único Regulador de los Servicio Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se firmó el Convenio Marco de Colaboración (Res. 129- ERSP/2015) entre el Organismo de Control y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (FECOBA).
Estuvieron presentes los empresarios, asociados y dirigentes de FECOBA, los Sres. Vicente Lourenzo y Héctor López Moreno, Vicepresidente y Secretario General respectivamente, como también los integrantes del directorio del Ente, su Presidente Paola Michielotto y los Vocales Julio Raffo, Fernando Lauría y Fernando Barrera. Cabe destacar que Alejandra Goldsack también fue parte de esta iniciativa, pero no pudo estar presente en el encuentro.
El nuevo convenio está destinado a la implementación de medidas que faciliten la solución de los reclamos de comerciantes e industriales de la ciudad ante el funcionamiento de los servicios públicos que controla el Ente.
La Federación, que hoy cuenta con una representatividad fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, se comprometió a convertirse en un puente entre los asociados y el organismo para solucionar el problema. Además, asumió el rol de responder toda pregunta e inquietud que cada asociado pudiera tener sobre el organismo en torno a su función de control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos.
A partir del miércoles pasado FECOBA, por el trascurso de un año, tiene la facultad para presentar denuncias en el Ente en nombre de sus asociados, producir el seguimiento de las mismas, proponer medidas de trámite y pronto despacho y por último, difundir lo que se resuelva.
La Dra. Michielotto, manifestó su alegría en torno a comenzar a trabajar de manera conjunta expresando que de esta manera "el control será mucho más efectivo, como si fueran cada uno de ustedes fiscalizadores en la vía pública".
Para finalizar, Julio Raffo como impulsor del proyecto y gestor del vínculo con FECOBA, se refirió a la firma del convenio como una idea tendiente a garantizar calidad a los ciudadanos de Buenos Aires.
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Fue aprobada una declaración a través de la cual la Legislatura porteña "manifiesta su mayor preocupación por los numerosos femicidios registrados en nuestro país". Recibió apoyo de todos los bloques esta iniciativa de la diputada Gabriela Alegre (FpV).
Asimismo la Legislatura se comprometió a llevar adelante todas las iniciativas, propuestas y acciones que le correspondan en el ámbito específico de su competencia, así como insta a hacer lo propio a todas las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto. Por último, la declaración expresa la adhesión a la marcha convocada para el 3 de junio de 2015, frente al Congreso de la Nación, por el colectivo #NiUnaMenos.
Entre los fundamentos del proyecto la legisladora citaba estudios realizados desde el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, a partir de las noticias que publican las agencias de noticias y 120 diarios, que registraron 1808 femicidios desde 2008 a 2014, con 277 casos este último año.
"Estamos todos muy alarmados ante esta situación y ante los casos de violencia hacia las mujeres que se vienen registrando en el último tiempo. Por eso, es necesario que la Legislatura manifieste su preocupación e inste a todas las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto a comprometerse en la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres", manifestó Alegre.
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Denominaron Pasteur - AMIA a la actual estación Pasteur de la línea B de subte, e nuevo nombre recuerda el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita (AMIA), el más grande de la historia de Argentina a raíz del cual murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó ayer, en primera lectura, una ley por la que fue denominada Pasteur - AMIA la actual estación Pasteur de la línea B de subterráneos. El nuevo nombre recuerda el atentado terrorista más grande de la historia de Argentina ocurrido en la mañana del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita (AMIA) a raíz del cual murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. La norma, que recibió 49 votos positivos, deberá ser debatida en Audiencia Pública y luego tratada nuevamente en sesión para su aprobación definitiva.
A través de esta ley, de autoría del Vicepresidente Primero diputado Cristian Ritondo (PRO) se estableció "el agregado del nombre a dicha estación con el objetivo de homenajear a las víctimas y mantener un permanente reclamo de justicia. Es de gran importancia volver a traer a nuestros días aquello que aconteció y hacerlo presente en la búsqueda de verdad y justicia. De este modo, la estación será un espacio para la memoria, constantemente presente en la vida de los millones de ciudadanos que circulan a diario por dicha estación", según detallaba el legislador en los considerandos del proyecto.
Asimismo fundamentaba el autor que promovió la ley: "Para mantener viva esa memoria y como símbolo de la búsqueda de verdad y justicia. Tanto la estación Pasteur de la línea B de Subterráneos como la AMIA son símbolos inequívocos de un mismo barrio y están a poco más de 200 metros de distancia. La AMIA está ubicada en Pasteur 633 y esa calle siempre estuvo asociada a la institución. La conjunción entre Pasteur y AMIA se da entonces de manera natural. Los lugares son también aquello de lo que fueron testigo".
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El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley que busca que sea obligatoria la inclusión del valor nutricional de bebidas alcohólicas en su etiquetado y en la publicidad que se instale en la Ciudad.
La iniciativa presentada por Ritondo estipula que los productos identificados como un contenido alcohólico deben incluir en sus etiquetas, rótulos, marbetes, en forma visible y perfectamente distinguible la información nutricional completa. Asimismo, la publicidad estática que se instale en el ámbito de la Ciudad deberá contar con la información de la concentración alcohólica y los valores nutricionales.
Ritondo consideró que "el consumo de alcohol es un problema social en crecimiento, y en general aquellos que lo consumen no conocen o conocen poco la cantidad de calorías que ingieren con el mismo"
Asimismo, el diputado agregó "siendo que la obesidad actualmente una enfermedad que azota a la población y que las bebidas alcohólicas aportan calorías desprovistas de valor nutricional, resulta importante que quienes consumen alcohol tengan acceso a esa información".
Finalmente, Ritondo aseguró que con esta Ley se busca "dar obligatoriedad a la incorporación de las bebidas alcohólicas del valor energético, de nutrientes y de propiedades nutricionales según rige en el código alimentario nacional para el resto de los alimentos allí incluidos".
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La legisladora porteña del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, presentó un proyecto para modificar la Ley de Comunas con el objetivo de llevar adelante una descentralización real del poder, cuyos principales beneficiaros serán los vecinos de la Ciudad.
En primer lugar, la iniciativa busca ampliar las obligaciones y competencias de los miembros de las Juntas Comunales, las cuales pasarán a estar conformadas por áreas similares a las del Poder Ejecutivo, con el objetivo de canalizar las demandas de los porteños. Además, se establece la confección del Presupuesto Participativo Comunal con el aporte de los vecinos de forma independiente al Gobierno de la Ciudad.
"Desde el Poder Ejecutivo quieren instalar la idea de que los comuneros cobran un sueldo por no hacer nada porque, en el fondo, quieren hacer desaparecer a las Juntas para no delegar el poder. Por eso, uno de los propósitos de este proyecto es asignarles a los comuneros más competencias relativas a salud, educación o seguridad en el ámbito de su barrio, para lograr una descentralización efectiva, cuyos principales beneficiaros serán, sin dudas, los ciudadanos de Buenos Aires", explicó Muiños, presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana.
Asimismo, "los miembros de cada Junta deberán reunirse con una frecuencia mínima de una vez por semana y el comunero o presidente que se ausente sin autorización pierde el derecho a toda retribución correspondiente al tiempo que dure su ausencia", según expresa el articulado.
El expediente también plantea "el fortalecimiento de los Consejos Consultivos, los cuales deberán implementar mecanismos de participación en la elaboración del presupuesto, canalizar demandas, elaborar propuestas, definir prioridades y realizar un seguimiento de la gestión, con la participación activa de las asociaciones civiles, clubes de barrios, cooperadoras y centros de jubilados, entre otros".
Además, el proyecto pretende dotar a las Comunas de "estructuras técnicas que colaboren con la Junta Comunal para un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta cada una, privilegiando al personal de planta permanente para ocupar esos cargos" y apunta al establecimiento de "una oficina dedicada exclusivamente al trámite y gestión de audiencias públicas, en pos de continuar profundizando los procesos de participación ciudadana y democracia participativa".
Otro de los objetivos es la creación de una Auditoría Interna que garantice el control de gestión. Así, el expediente sostiene que "el Auditor será designado a propuesta de los representantes de la segunda fuerza política de la Junta Comunal, con acuerdo de al menos dos terceras partes de sus miembros y permanecerá en el cargo por cuatro años".
Por último, Muiños propone que un representante de la segunda fuerza de cada Comuna sea designado por la Junta para integrar el Consejo de Coordinación Intercomunal, que actualmente es presidido por un funcionario del Ejecutivo y por los presidentes de cada una de las Juntas.
"Debemos consolidar y profundizar el proceso de descentralización, y abordarlo como un mecanismo de democracia participativa que fomente la participación vecinal en la gestión y en los asuntos de gobierno", concluyó la legisladora kirchnerista.
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Impulsan un código QR con historias clínicas para emergencias en la vía pública, el diputado porteño PRO, Roberto Quattromano, el vicepresidente 1° de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristian Ritondo y la legisladora Cristina Garcia De Aurteneche (CPD), presentaron un proyecto que busca implementar un sistema de lectura de código QR, para la obtención de datos durante emergencias en la vía pública.
"Con la aplicación de este sistema, los profesionales de la salud ganarán tiempo al momento de asistir a los accidentados. Esto ya está funcionando exitosamente en Francia y España", señaló Quattromano, autor de la iniciativa.
"Los usuarios de este nuevo servicio podrán cargar la información necesaria en la base de datos de una página web específica y, una vez terminada la acción, el software dará la posibilidad de imprimir el código QR para portarlo en un lugar de fácil acceso en caso de accidente", explicó, García de Aurteneche.
Este nuevo sistema permitirá al profesional obtener los datos clínicos de la persona accidentada. Escaneando este código, el médico encontrará en forma instantánea los datos personales y clínicos más importantes del paciente, como medicamentos, alergias, enfermedades, recomendaciones y contactos.
Por su parte, las personas podrán llevar el código QR en cascos, teléfonos celulares, lunetas-parabrisas o cualquier otro lugar que el usuario considere necesario, que podrá ser leído fácilmente por un teléfono celular.
Por medio de este sistema, el SAME podrá acceder, mediante personal autorizado, a un sistema digital de historias clínicas seguro, portable y flexible, disponible al momento de la emergencia y en el lugar donde lo requiera. La asistencia temprana y de calidad es fundamental para disminuir la mortalidad.
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El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) respondió por fuera del plazo establecido un pedido de informe fundado en la Ley 104, de acceso a la información pública. La repuesta no incluye el motivo por el cual no cumplen la Ley que establece un tope máximo a la comisión inmobiliaria. El requerimiento había sido presentado por el Legislador porteño Fernando Muñoz.
El Legislador porteño del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, utilizó la herramienta brindada por el primer artículo de la Ley 104, de acceso a la información pública y presentó a principio de Abril, un pedido de información en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, organismo encargado de hacer cumplir la ley 2.340.
Esa ley fue sancionada en 2007 por la Legislatura porteña y establece, en el artículo 57, que las inmobiliarias no pueden cobrar una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, un monto que no debería superar un mes de alquiler. Además, crea el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) como el organismo encargado de controlar el ejercicio de la profesión.
En el pedido de información presentado en la sede de CUCICBA, se requería que el organismo detalle y presente documentación referida a las medidas de supervisión y control que se emplean para asegurar el cumplimiento del monto máximo de comisión y si se registraron denuncias por cobro de comisiones por encima de este máximo. Sin embargo, la breve respuesta de CUCICBA no sólo fue entregada fuera del término que establece la Ley 104, sino que no responde la pregunta central del pedido y se compone de una serie de evasivas y justificaciones que no permiten distinguir los motivos reales por los cuales todos los inquilinos de la ciudad pagan, como mínimo, el doble de la comisión inmobiliaria que establece la Ley.
Al respecto, Fernando Muñoz consideró "a pesar de que existe una ley que establece un monto máximo de comisión, en la Ciudad lo que impera es la ley del mercado, CUCICBA y el macrismo son los responsables de esta situación". "En la Ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias operan con total libertad, armaron un gran mercado negro paralelo, cobran como mínimo dos meses de comisión y no entregan recibos, paralelamente, no existe ningún organismo público que se encargue de defender a los inquilinos y de regular el mercado", dijo el Legislador porteño que presentó dos proyectos en ese sentido, que nunca fueron tratados en la comisión de Vivienda. Uno es para crear una Defensoría del Inquilinos y el otro para que todas las inmobiliarias coloquen carteles indicando que no pueden cobrar una comisión mayor a un mes de alquiler.
En el pedido de información se solicita, además, que CUCICBA detalle las medidas que se emplean en contra de la "publicidad engañosa" que existe en relación al monto máximo de comisión establecido en el artículo 57 de la ley citada y la razón o motivo por el cual, a partir de junio de 2014, se exige el abono de un arancel de $360 para tramitar denuncias contra matriculados. Cómicamente, la respuesta del organismo que cobra para denunciar es "lo que señala erróneamente como arancel, en realidad es un monto que se cobra al sólo efecto de cubrir los gastos del proceso [...]. Destacando que dicho monto se devuelve en caso de ser la denuncia desestimada".
En los próximos días, Fernando Muñoz presentará una acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la ciudad. "El próximo paso es ir a la Justicia y denunciar que CUCICBA es responsable de la ilegalidad con la que se manejan las inmobiliarias, ilegalidad que tiene al Gobierno de la Ciudad como cómplice y que tiene a más de un millón de inquilinos en un estado de absoluta indefensión", afirmó el Legislador porteño.
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Hoy viernes, a las 10:00 horas, en el Salón Eva Perón del Palacio legislativo, el Vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, participará junto a la ONG "Luchemos por la Vida", de un evento sobre seguridad vial en adhesión a la 3ª Semana Mundial para la Seguridad Vial, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ritondo afirmó sobre el tema que "el trabajo de 'Luchemos Por La Vida' es un verdadero ejemplo a seguir en nuestro país. Ellos nos demuestran una vez más que la mejor forma de luchar contra las muertes por accidentes de tránsito es la prevención".
Ritondo agregó "sabiendo que son alrededor de 500 los niños que mueren en nuestro país por año a causa de los accidentes de tránsito, y 500 al día en todo el mundo, caemos en la cuenta de que tenemos que buscar las mejores formas de proteger al sector más vulnerable de la sociedad".
El encuentro se da en el marco de la tercera Semana Mundial para la Seguridad Vial declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 4 al 10 de mayo de 2015, dedicada a concientizar sobre el peligro que corren los niños en las carreteras y tomar medidas para mejorar su seguridad.
En este sentido, "Luchemos por la Vida" acompañará a un grupo de niños de escuelas porteñas, quienes entregarán a los legisladores porteños la Declaración de los Niños para la Seguridad Vial de Naciones Unidas. El próximo 15 de mayo, dicha declaración llegará a los mandatarios globales en Naciones Unidas, para que incluyan los temas de Seguridad Vial, especialmente la de los niños, en sus agendas.
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Mediante la publicación en el día de ayer en el Boletín Oficial, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, con el Decreto N.° 139/15, del día 4 de mayo de 2015, fijó oficialmente como sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio ubicado en la calle Uspallata 3102/3120/3160/3172/3196, con frente a las calles Iguazú sin número, Atuel sin número y Los Patos N° 3.151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según se menciona en el Considerando: que entre los principales objetivos de la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está el de ejecutar acciones y políticas públicas concretas tendientes al desarrollo de la "Zona Sur" de ésta Ciudad; Que esas acciones se han enfocado, entre otros aspectos, en la implementación debeneficios a través de la creación del "Distrito Tecnológico", el "Distrito de las Artes", el "Centro Metropolitano de Diseño -CMD-", los cuales, han redundado en un crecimiento sostenido de la "Zona Sur" de la Ciudad; Que en línea con las iniciativas plasmadas en el Plan de Gobierno de la actual administración, se ha ejecutado el Plan de Mudanza y Relocalización de la Centralidad Administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al eje Barracas Parque Patricios, con el objeto de promover la revalorización social, cultural y económica de una zona considerada estratégica;
Descripción del edificio
Superficie cubierta: 45.000 m2
Distribución: SS, PB y 3 pisos
Personas que se mudan a este edificio: 1.166
Empresa constructora: CRIBA (con un diseño del estudio Foster & Partners)
Es completamente vidriado y se fusiona con el Parque de los Patricios, aprovechando al máximo el paisaje y la luz natural.
Es un edificio sustentable a la altura de la "certificación LEED".
Simboliza la historia de parque Patricios como barrio industrial, a su identidad marcada talleres, galpones y grandes chimeneas. El techo ondulante de hormigón sostenido por altísimas columnas y su gran tamaño, refieren a la escala de una fábrica.
Descripción de espacios y servicios del edificio
S.U.M (salón de usos múltiples) y salas de reuniones
Espacios para reuniones informales / almuerzo
Máquinas expendedoras de alimentos y bebidas
Heladeras
Microondas
Bicicleteros, vestuarios y duchas
Cajeros automáticos y mesa de consultas del Banco Ciudad
CEMET (Centro de Medicina del Trabajo): consultorio con atención médica primaria
Islas de impresión / copiado / ploteo / escaneo
Auditorio para más de 300 personas
Patios internos
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Finalizó el escrutinio definitivo de las PASO porteñas, terminó el recuento final de los votos emitidos el domingo 26 de abril que se desarrolló en los salones del Palacio Legislativo. Los días 29, 30 de abril, 1º y 2 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia -TSJ- realizó en dependencias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el escrutinio definitivo de las P.A.S.O. con la presencia de apoderados y fiscales de las listas internas de las agrupaciones políticas que intervinieron en las elecciones del 26 de abril. Se votaron candidatos a Jefe de Gobierno, legisladores y comuneros.
En su transcurso, el Tribunal verificó la documentación de las mesas y, en aquellos casos que se ajustaban a lo establecido por el art. 118 del C.E., realizó el escrutinio. Asimismo consideró los votos recurridos e impugnados, computándolos en conjunto por cada Comuna y efectuó el escrutinio de los votos emitidos por los electores/as privados/as de libertad de conformidad con lo previsto en la Acordada Electoral nº 13.
El sistema informático provisto por la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación efectuó las operaciones aritméticas y arrojó los resultados que obran en las planillas que integran los anexos de la Acordada Electoral N° 14/2015.
Los resultados finales se pueden visualizar en la página web, eleccionesciudad.gob.ar
A cargo del operativo electoral estuvieron los miembros del TSJ: su presidente, Luis Francisco Lozano; su vicepresidente, José Osvaldo Casás y las juezas Ana María Conde, Inés Weinberg y Alicia E. C. Ruiz, en tanto la Secretaría Electoral es ejercida por Alejandra Tadei. El Tribunal se constituyó en el salón "Intersecretarías - Presidente Raúl Alfonsín", y también se utilizaron los salones "Dorado", "San Martín", "Ciudad de Montevideo", "Presidente Perón" y la sala "Arturo Jauretche".
Imagen: Vista parcial del escrutinio definitivo desarrollado por la Justicia Electoral en el Salón Dorado del Palacio Legislativo.