En el Diario
Miércoles 21 Mayo 2025

Política

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Categoría: Política

Ya después de un año en tiempos de pandemia y confinamientos la economía de ningún país resiste si no se ponen en marcha las actividades, con lo cual los protocolos pasaron hacer un parte fundamental para que funcione el comercio, oficinas, bares, etc. por lo visto la pandemia por el Covid-19, no solo no esta terminada sino que se espera la llamada segunda ola, la vacunación viene lenta, y los casos están en alza, esto es una realidad, así que es imprescindible para evitar más contagios, cumplir rigurosamente con las indicaciones para los cuidados en los lugares de trabajo cuando se requiera que sea de forma presencial.
Es responsabilidad de todos cuidarnos y cuidar a las demás personas, manteniendo distancia, usando tapaboca y evitando reuniones sociales en lugares cerrados.
Protocolo para el funcionamiento de oficinas administrativas, desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) se informa que el Gobierno porteño aprobó el Protocolo para el Funcionamiento de Oficinas Administrativas para Prevención y Manejo de Casos de Covid-19, a través de la Resolución 74/2021 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción (Boletín Oficial de fecha 25 de marzo de 2021).
Según el texto del protocolo, las oficinas administrativas solo podrán funcionar a través de un sistema de guardias mínimas, adecuando las tareas en base a turnos rotativos de trabajo.
También indica que en caso de resultar necesario reunirse con concurrentes y/o clientes, la cantidad de personas que concurran a la cita debe ser la mínima indispensable, siempre con turno previo.
El documento también recomienda la tendencia a establecer un tiempo máximo de interacción personal con los clientes o concurrentes a las oficinas, por lo cual toda instancia que de antemano supusiera tiempos mayores de interacción deberá resolverse en forma remota, minimizando en todo momento la actuación presencial para aquellas circunstancias imprescindibles y/o improrrogable.
Por otra parte, el protocolo detalla que el empleador deberá garantizar el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un solo pasajero.

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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -AGIP- a fin de aliviar a sectores productivos afectados por la pandemia del Covid-19, este jueves fue habilitada a "acordar planes de facilidades de carácter general para el pago de deudas correspondientes a tributos empadronados cuya liquidación es efectuada por el Organismo Fiscal, cuyos vencimientos hubieran operado desde el día 1 de enero de 2019 y hasta el día 30 de octubre de 2020, condonando los intereses resarcitorios y financieros por el pago hasta en 6 cuotas mensuales y disponiendo una reducción de hasta un 75 % de los mismos cuando el pago se opere entre 7 y 12 cuotas". Se elevó el monto fijado por la Ley Tarifaria vigente de $ 1.500.000 a $ 18.000.000.
Para el caso de deudas mayores a $ 1.500.000, la condonación de interés resarcitorio deberá ser reducida al menos en un 25% de lo establecido y de los otorgados por la AGIP. Además, se facultó al organismo a regularizar los planes de facilidades caducos o nulos durante el período fiscal 2020, con excepción de los establecidos por las Leyes 5.616 y 6.195, "no pudiendo dicha regularización ser más beneficiosa que el acogimiento originalmente suscripto".
Mediante la aprobación de otra ley hoy quedó sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del corriente año correspondientes al Impuesto Inmobiliario y Tasa de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros. La medida alcanza a los titulares de dominio, usufructuarios, titulares de derechos de superficie y poseedores a título de dueño de inmuebles destinados a hotelería, alojamiento, pensiones, albergues transitorios y/o moteles de la Ciudad. Según se manifestó durante el debate el costo fiscal estimado es de aproximadamente $ 300.000.000.
A causa de la pandemia, de 1.116 hoteles que tiene la ciudad el 80 % están cerrados y la tasa de ocupación es muy baja dado que oscila entre el 5 y el 8% cuando para ser viable debería rondar el 70%.
Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó el Convenio de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES- como administrador legal y necesario del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 1 de diciembre de 2020 que renegocia los contratos de préstamos conferidos por el Estado nacional. También autorizó al Poder Ejecutivo a ejercer la opción de conversión prevista en el acuerdo.

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Acceso al agua segura, un derecho fuera de agenda, alrededor del 13 por ciento de los argentinos tiene dificultades para contar con este recurso, escenario que afecta particularmente a la población rural. Organizaciones civiles locales vienen presentando informes ante la ONU en el que analizan las respuestas sociales y políticas a esta problemática y apuntan los aspectos a mejorar.
Según el último censo nacional, el acceso al agua potable es un derecho con el que al menos 5.3 millones de argentinos no pueden contar en sus hogares. La situación empeora en las regiones rurales, dónde el recurso se ve diezmado, también, por el cambio de uso de suelos y la falta de respuestas acordes para cada contexto.
De este complejo escenario habla la investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) Paula Juárez, quien participó en la elaboración y presentación colectiva, desde la Fundación Plurales y junto a otras ONGs, del Informe Sombra para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés) y del informe para el relator de Derechos Humanos y Ambiente de Naciones Unidas, en los que detallan, entre otras cuestiones, el panorama argentino en materia de acceso al agua segura y saneamiento, y plantea aquellos aspectos a trabajar para garantizar ese derecho.
"Trabajamos con grupos de mujeres rurales. Mostramos, a través de los ojos y las vivencias de las mujeres, cuál es la situación real de acceso a derechos, y cómo llegan efectivamente -o no- las políticas públicas a los distintos territorios", explicó a la Agencia CTyS-UNLaM.
Radiografía de la inequidad
Juárez señaló que, en las regiones rurales del país, la falta de acceso al agua y saneamiento son unos de los problemas estructurales más severos por diversos motivos: "El 70 por ciento de nuestro país es árido o semi árido, y la población rural, particularmente las mujeres, son las más afectadas porque son las que generalmente se encargan de la recolección del agua. Esto, sumado a las deforestaciones, el aumento significativo del monocultivo y de distintos tipos de extractivismos agravan un escenario que ya era de por sí complejo".
El diagnóstico empeora si se contemplan los ya visibles efectos del cambio climático en estas regiones áridas, que generan ciclos más seguidos e intensos de sequía y que, también, vienen de la mano de fuertes inundaciones, cuyas aguas tampoco llegan a ser colectadas por la impermeabilidad de los suelos deforestados.
En el caso de la región del Gran Chaco Argentino, integrado por 13 provincias del norte argentino, el 41 por ciento de los hogares no tiene acceso al agua, por lo que sus habitantes culminan buscando soluciones a la medida de sus posibilidades, o tejen redes comunitarias y regionales para hacer frente a la ausencia de soluciones "a nivel municipal, provincial y nacional".
"En los últimos 20 años –continuó la investigadora- se pudo observar un nivel cada vez mayor de organización campesina y de movimientos sociales rurales. En la región del Gran Chaco en particular, ese esfuerzo colectivo devino en la construcción de líneas de trabajo y estrategias más transversales, pensando agua, suelo y producción de alimento de forma conjunta y articulada". Carolina Vespasiano (Agencia CTyS-UNLaM)

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La Comisión de Labor Parlamentaria, que preside el diputado Agustín Forchieri (VJ), definió esta tarde el temario que tratará el próximo jueves la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se destacan dos proyectos del oficialismo para aliviar la carga tributaria sobre sectores productivos afectados por la crisis de la pandemia.
Una de las iniciativas propicia facultar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para acordar con los deudores planes de facilidades de pagos en cuotas y con quitas de intereses resarcitorios y/o financieros. Comprende las deudas desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de octubre de 2020. Se propone quita total de intereses para quienes cancelen en 6 cuotas y descuentos de hasta el 75% de intereses para los que acuerden pagar entre 7 y 12 cuotas. También se autorizaría a la AGIP a renegociar planes de pago caducos.
Por otra parte, se votará un proyecto para dejar exento del pago de impuesto inmobiliario y tasa de ABL, en las alícuotas correspondientes entre abril y septiembre de 2021, a las actividades de hotelería, alojamiento de personas, albergues transitorios y moteles. Los incluidos deberían solicitar a la AGIP el acceso a dicha dispensa.
Ambas iniciativas de alivio fiscal fueron despachadas por las comisiones de Desarrollo Económico y de Presupuesto, que presiden Marcelo Guouman (UCR) y Claudio Romero (VJ), respectivamente
Labor Parlamentaria acordó además evocar la efeméride del 24 de marzo (Día de la Memoria, Verdad y Justicia) con una declaración (hay proyectos de todos los bloques y se buscará consensuar un texto) y discursos en la sesión ordinaria. También se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que corresponde al 2 de abril.
Los diputados porteños considerarán asimismo la ratificación de dos convenios suscriptos por el Gobierno de la Ciudad y del decreto de necesidad y urgencia número 6/2021, por el cual se prorrogó el mandato del directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.

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En vistas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia este próximo 24 de marzo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la Ciudad invita a compartir diversas actividades que se llevarán a cabo en la Ciudad para la construcción y el ejercicio de la Memoria. "A 45 años del golpe, decimos Nunca Más al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. Este día es una gran oportunidad para reflexionar a fin de mantener viva la memoria y buscar la verdad para alcanzar la justicia. Las actividades en torno a esta fecha nos convocan a seguir valorando colectivamente los derechos que hemos recuperado. Nuestra democracia, así como la promoción y el respeto por los derechos humanos es un logro colectivo que debemos proteger desde el Estado y la sociedad en su conjunto", destacó Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Actividades:
Exposición de la colección de libros itinerante "Mujeres, escritura y memoria", 9 títulos de autoras que fueron censuradas durante la dictadura cívico militar argentina - a partir del 17/3, sala PAyS, Parque de la Memoria. Entrada libre y gratuita.
Proyección del corto de animación "Un oscuro día de injusticia" de Daniela Fiore y Julio Azamor quienes responderán preguntas y del largo "La Historia Oficial" de Luis Puenzo que cumple 35 años desde que se le otorgó el Oscar a mejor película extranjera – 24 de marzo a las 16:00 hs, [CC 25 de mayo)](https://cc25.org/.
Entrada gratuita.
Muestra Identidad: creada con el objetivo de otorgar visibilidad pública a la problemática de la apropiación ilegal de niños durante la dictadura y exhibida por primera vez en las salas principales del Centro Cultural Recoleta entre noviembre 1998 y enero de 1999 con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo. - Hasta mediados de mayo de miércoles a domingo en la sala PAyS del Parque de la Memoria. Entrada libre y gratuita.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.
La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

 

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Allanan showroom en Puerto Madero y secuestran más de 2.200 prendas por falsificación de marcas, la Policía de la Ciudad allanó un showroom en Puerto Madero y secuestró 2.237 prendas, entre ropa y zapatillas, en el marco de una causa por falsificación de marcas.
El procedimiento, en el que fue demorada la encargada del comercio, estuvo a cargo de la División Defraudaciones y Estafas del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, en conjunto con la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, y se llevó a cabo en un tercer piso de un edificio ubicado en la avenida Alicia Moreau de Justo al 700.
El allanamiento fue solicitado por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía PCyF 35 por la infracción del artículo 289 del Código Penal que sanciona la falsificación de marcas, y el procedimiento fue autorizado por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1.
El caso se inició por la denuncia efectuada por los apoderados de las marcas internacionales de primera línea, que informaron sobre la existencia de un showroom donde se estaría comercializando indumentaria y accesorios que exhiben las marcas de titularidad de sus representados y que las mismas no han sido ni fabricadas ni supervisadas por ellos.
Gracias a las tareas de ciberpatrullaje realizadas por la División Defraudaciones y Estafas, se logró identificar, a través de las redes sociales, una oficina en donde se comercializaban dichas prendas. Además, el usuario promocionaba por Instagram los productos con participación de famosos futbolistas y famosos.
En el cumplimiento de la disposición judicial, los oficiales secuestraron 2.237 prendas, entre ropa y zapatillas, el local fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control y el titular del comercio fue demorado por la Policía de la Ciudad por no poseer habilitación del local para funcionar y falta de elementos de seguridad.
La fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, imputó al dueño del showroom por la infracción del artículo 289 del Código Penal, que sanciona la falsificación de marcas.

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Ecobici dejará de ser gratuito, el sistema de transporte público en bicicleta cambiará de modalidad, la gratuidad para los usuarios residentes se mantendrá durante los días hábiles, mientras que su utilización los fines de semana y feriados será arancelada. Para los turistas extranjeros, el uso de las bicicletas será siempre pago.
En esta nueva etapa entrarán en vigencia cuatro nuevas modalidades de uso del sistema Ecobici:
PASE GRATIS. Para residentes, será sin costo de lunes a viernes (hábiles) y abarcará hasta 4 viajes de 30 minutos de duración cada uno (el exceso en el plazo se penalizará).
PASE INTENSIVO. Solo para residentes. Un pago mensual ($700) o bien uno anual ($6.000) habilitarán la realización de 6 viajes por día de hasta 60 minutos, de lunes a domingo.
PASE RECREATIVO. Sólo para residentes, contemplará 3 variantes, no acumulables:
Un Viaje único ($70) por día de hasta 30 minutos, los sábados o domingos
Fin de semana ($300) será por 4 viajes por día de hasta 60 minutos, los sábados y domingos
Feriado ($150) contemplará 4 viajes por día de hasta 60 minutos
PASE TURÍSTICO. Los turistas extranjeros podrán optar por dos tipos de abonos, vigentes todos para todos los días de la semana: diario ($900 y 6 viajes por día de hasta 60 minutos) o mensual ($3.500 y 6 viajes por día de hasta 60 minutos).
La compra de pases quedará habilitada desde el sábado a través de la App de Ecobici, mientras que quienes no tengan tarjeta de crédito podrán registrarse en forma presencial en las oficinas de la concesionaria Tembici (Balboa 220, Chacarita), con turno previo a través de la web.
Otra de las novedades previstas es la reapertura de 30 estaciones, en su mayoría ubicadas en las inmediaciones de centros educativos y colegios. Según informó el Gobierno de la Ciudad, un 40% de ellas (12 estaciones) están ubicadas en barrios de la zona sur de la Ciudad (Villa Lugano, Nueva Pompeya, Barracas, Flores, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda y Boedo).
Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

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Amparo que solicita se suspenda la ejecución de la puesta en valor de la «Huerta Urbana – Plazoleta Luna de Enfrente», el magistrado subrogante del Juzgado n.° 18 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Marcelo Segón, en el marco de los autos caratulados «Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo Ambiental», Expediente n.° 86.425/2021-0, difunde la existencia, objeto y estado procesal del amparo de referencia.
A tal fin, se hacen saber los datos relevantes del expediente:
1. Parte actora: La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, representada por su presidente, Jonatan Emanuel Baldiviezo.
2. Parte demandada: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Fecha de inicio y objeto: 2 de marzo de 2021, a las 11:04 horas. La parte actora pretende que se declare la inconstitucionalidad y se suspendan los efectos y la ejecución del Convenio de Colaboración, para la puesta en valor, mantenimiento, conservación y limpieza del Bien Público denominado «Huerta Urbana – Plazoleta Luna de Enfrente», firmado el 8 de enero de 2021, entre la Comuna n.° 14, representada por el presidente de la Junta Comunal, Martín Oscar Cantera, y la empresa Chico S.R.L, representada por Pablo Jesús Rivero, por resultar violatorio de la Ordenanza 46.229, por no cumplir el procedimiento estipulado en la Ordenanza 43.794, por violar los arts. 1, 27 inciso 3, 63, 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el art. 9 del Plan Urbano Ambiental. Asimismo, solicita que se ordene la recomposición ambiental de la Plazoleta «Luna de Enfrente» para que recupere su función y destino de plazoleta y espacio público de acceso libre y gratuito y espacio de juego para niños y niñas, garantizando las instancias de participación ciudadana correspondientes. Por otro lado, requiere el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspendan los efectos y la ejecución del Convenio de Colaboración para la puesta en valor, mantenimiento, conservación y limpieza del bien público llamado «Huerta Urbana – Plazoleta Luna de Enfrente». (cfr. Acápites I y I.2 del escrito de inicio, actuación nro. 281807/2021).
4. Estado procesal: El estado procesal de la causa es inicial, dictándose sólo hasta el momento, la primera providencia suscripta en el día de 3 de marzo de 2021 mediante la cuál se dispusieron amplias medidas de difusión.
Por último, se pone en conocimiento que en el proceso mencionado se dispuso otorgar a todas aquellas personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, el plazo de diez días (10) para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio electrónico y manifiesten lo que por derecho corresponda.
El expediente tramita por ante la secretaría n.° 36.-
Por Redacción iJudicial el 12 de marzo de 2021

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Sancionan un Código de Procedimientos para defensa de consumidores, con amplio consenso y unanimidad en la votación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el jueves el "Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo" que implica la creación de un nuevo y específico fuero y de una "Oficina de Gestión Judicial" para entender en los conflictos que afectan a usuarios y consumidores en el distrito metropolitano.
El Código entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial y, "hasta tanto quede constituido integralmente el Fuero en las Relaciones de Consumo, este Código será de aplicación con los alcances previstos en la Ley 6286, las que con posterioridad se dicten y lo que determine el Consejo de la Magistratura en la materia", determina una de las disposiciones transitorias. Las causas en trámite o iniciadas antes de la vigencia del Código continuarán en los fuero, juzgados y jurisdicciones respectivas.
En cuanto a la Oficina de Gestión Judicial, que deberá administrar "con eficiencia, eficacia y celeridad el despacho de las causas y de garantizar el óptimo funcionamiento del tribunal", se regirá por "las reglamentaciones que oportunamente emita el Consejo de la Magistratura de la Ciudad".
El texto legal fue ampliamente tratado en las comisiones legislativas de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Defensa de Consumidores y Usuarios. Martín Ocampo (UCR), a cargo de la primera de esas comisiones, fue el miembro informante en el recinto y afirmó que "es una ley muy importante para la institucionalidad de la Ciudad" y es "novedosa, porque no hay antecedentes en la Argentina" de un código de procedimientos similar que tiene como principal objetivo "consumar derechos".
Ocampo agradeció la amplia participación en la elaboración del texto normativo y puso énfasis en "el aporte de todos los legisladores, de todos los bloques trabajando juntos por una política de Estado". El proyecto fue aprobado en el recinto con 50 votos positivos sobre 53 legisladores presentes (tres diputados de izquierda se abstuvieron de votar).
Sergio Abrevaya (Gen) y Guillermo González Heredia (VJ) fueron otros dos expositores que explicaron los alcances de una ley de 8 artículos (para compatibilizar con normativa ya vigente) y un Código que contiene 266 artículos.
Quedó establecido que "estarán exentas del pago de la tasa judicial de la Ciudad todas las acciones iniciadas por consumidores contempladas en el Código". Por otra parte, el Código señala la gratuidad para usuarios de las costas o costos de los procesos.
"La competencia de la Justicia de las Relaciones de Consumo incluye las cuestiones de usuarios relativas a servicios públicos jurisdiccionales y las relacionadas con ejecuciones de acuerdos conciliatorios homologados ante la autoridad de aplicación, ante la instancia conciliatoria obligatoria hoy vigente, las resoluciones ejecutoriadas que impongan daño directo, y los laudos del sistema de arbitraje de consumo, mediante el procedimiento de ejecución de sentencias", explicaron los considerandos del despacho conjunto de las comisiones legislativas.
El nuevo fuero también será competente "respecto del procedimiento de ejecución fiscal de las sanciones ejecutoriadas del Ente Único Regulador de Servicios Públicos y de la Autoridad de Aplicación"
Se prevé, por otra parte, que "los jueces del fuero sean asistidos por una Oficina de Gestión Judicial responsable de administrar el despacho de las causas y de garantizar el buen funcionamiento del tribunal en general, cuya oportunidad e implementación corresponde al Consejo de la Magistratura de la CABA".
El sistema admite como procedimiento que satisface el requisito de etapa conciliatoria previa agotada como requisito para acceder a la vía judicial, la hoy existente en el ámbito nacional, (COPREC) sin límite de monto de reclamo, y pone en valor a las instancias conciliatorias de la audiencia ante la autoridad de aplicación local (ley 757) y los servicios de conciliación voluntarios existentes en los ministerios públicos, el Ente Único Regulador y la Defensoría del Pueblo.
La conciliación es también posible antes o en la audiencia de vista de causa, ya en sede judicial y hasta la sentencia. Y "el alcance del beneficio de justicia gratuita, buscando a través de la gratuidad de los procedimientos una forma más de equiparar la relación de fuerzas con el proveedor, para que el cálculo económico no sea un impedimento que conspire a la hora de decidir encarar cuestiones de consumo ante los tribunales".

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El área de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional y el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, mantuvieron una reunión con personal policial y civil del Ministerio de Justicia y Seguridad local para analizar el sistema de reconocimiento facial de captura de prófugos en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Chacarita, desde donde se monitorean las cámaras de vigilancia instaladas en toda la Ciudad.
La reunión se llevó a cabo para dar cumplimiento a la asignación de competencias dispuestas en el artículo 480 de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública que fue reformada el año pasado. Si bien el sistema se encuentra actualmente suspendido dada la obligatoriedad del uso de mascarillas impuesto por la pandemia, en la reunión se proporcionó diversa información de contexto tal como lo obliga el artículo 490 de esa norma.
El Centro de Monitoreo Urbano realiza apoyo óptico ante diversos eventos que pudieran ocurrir en el espacio público: incendios, hurtos, disturbios o alguna emergencia de salud. La tarea de visualización es efectuada por operadores civiles supervisado por personal policial durante las 24 horas los 365 días del año, la labor se completa con otras áreas que tienen incumbencias en áreas técnicas, auditoria, requerimiento judicial, descargas y análisis y registro. El Centro cuenta con un protocolo de actuación que obliga a la firma de convenios de confidencialidad, prohíbe el uso de celulares particulares, y la difusión de cualquier imagen captada por las cámaras entre otras restricciones. Asimismo, se informó que software utilizado impide que se tomen imágenes de lugares privados. Se informó que durante el año pasado se registraron cerca de 40.000 eventos y que al día de hoy existen 10.218 cámaras distribuidas en 3.400 puntos de monitoreo, además de la video vigilancia que se realiza mediante patrulleros entre otros dispositivos.