Ayer la Comisión de Justicia de la Legislatura, comenzó a tratar el proyecto que prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actividad de cuidacoches y de limpiavidrios sin autorización legal. Se espera que el proceso iniciado se prolongue por varias semanas a fin de lograr un debate profundo del tema con la participación de vecinos y especialistas.
La iniciativa del Vicepresidente 1º, Cristian Ritondo, y el diputado Roberto Quattromano (PRO), establece que "quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, será sancionado 1 a 5 días de arresto o multa de doscientos 200 a 2000 pesos. Cuando exista previa coordinación, la sanción se eleva al doble para quienes de cualquier modo participen en la misma. La sanción se eleva al triple para los organizadores o jefes de la organización". 
El proyecto modifica el Artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así "quien intimide u hostigue de modo amenazante o maltrate físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con 5 a 20 días de arresto".
"La iniciativa pretende devolverle a los vecinos la tranquilidad y la posibilidad de transitar por la vía pública sin temor o limitación alguna, sin miedo o temor a estar vigilados o perseguidos con fines legales", señaló Ritondo. 
Ritondo agregó que "con esta ley queremos darles a los vecinos, mayor seguridad jurídica, agilizando los procedimientos de modo que quien cometió una contravención flagrante reciba una condena rápida sin detrimento alguno de sus derechos constitucionales de debido proceso legal y defensa. Esto permitiría terminar con la puerta giratoria y los plazos interminables para dictar sentencia".
El proyecto introduce una modificación en la Ley de Procedimientos Contravencionales para que la resolución de las causas sea más rápida y menos burocrática y lograr que ante un caso flagrante de contravención se llegue a una resolución efectiva en un plazo no mayor a las 48 horas. 
Por su parte, el diputado Roberto Quattromano (PRO), coautor de la iniciativa, señaló: "Desde nuestro espacio vamos a seguir insistiendo para que podamos dejar el auto en cualquier lugar que este habilitado y no tengamos que estar pensando que nuestro vehículo corre riesgo si no se le paga a estas organizaciones mafiosas".
"Desde el PRO vamos a seguir trabajando hasta que entiendan que no sólo la policía, sino también los fiscales, tienen las manos atadas, si no se modifica el Código Contravencional, para sancionar a las personas que operan fuera de la ley", dijo Quattromano.
En tanto, Francisco Quintana (PRO), legislador y presidente de la Comisión de Justicia, señaló que "queremos darle a la oposición todo el tiempo de debate necesario para que podamos solucionar esta problemática".
Finalmente, Quintana sostuvo que "el objetivo es lograr una ley que sea una herramienta para proteger los derechos de los vecinos de la Ciudad. Este es un problema de todos, no podemos negociar el espacio público".