La única solución es la prohibición, lo afirmó el legislador porteño del PRO, Roberto Quattromano, quien al conocerse que el 95% de las denuncias contra los cuidacoches son desestimadas por falta de pruebas, afirmó que "es muy difícil para la policía y la Justicia combatir a las mafias sin herramientas legales". 

En este sentido, Quattromano, quien impulsa la prohibición de la actividad junto a su compañero de banca Cristian Ritondo, no se mostró sorprendido ante los datos de la Fiscalía porteña difundidos en medios periodísticos que dan cuenta de que, de las  3.191 denuncias radicadas durante 2013, el 94,9% se disolvió por falta de pruebas, mientras que otro 4,8% fue reducida a una simple "contravención". 

"La seguridad de los autos en la vía pública sólo puede estar en manos de las fuerzas policiales, controladas por el Estado y con leyes que les permitan actuar. Nuestro deber como representantes del pueblo es garantizar que el espacio público pueda ser utilizado libremente por los vecinos de la Cuidad", sostuvo el diputado del PRO. 

Y afirmó "Pretender regular la actividad, como quiere la oposición de la ciudad de Buenos Aires, es negociar el espacio público, y eso es lo que no estamos dispuestos a hacer desde el PRO". 

"Necesitamos que todos los sectores políticos tomen conciencia de que los llamados trapitos no son otra cosa que la cara visible de organizaciones mafiosas que lucran con la necesidad y el miedo, mediante herramientas extorsivas difíciles de probar, como queda demostrado con los datos oficiales del Ministerio Público", concluyó Quattromano.