La Justicia porteña hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el legislador porteño Fernando Muñoz e intimó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) a dar información sobre las denuncias efectuadas contra las inmobiliarias por el cobro ilegal de comisiones, la nómina de matriculados con sanciones disciplinarias firmes y si se adoptaron medidas contra la "publicidad engañosa" en relación al monto máximo de comisión.
La acción de amparo presentada por Fernando Muñoz (Liberación - FpV) se basa en las respuestas ambiguas, parciales y evasivas que emitió el colegio que agrupa a las inmobiliarias (CUCICBA) a los dos pedidos formales de acceso a la información pública que presentó el diputado.
La sentencia del juez Marcelo López Alfonsín, titular del juzgado 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, afirma que "la conducta asumida por el colegio no satisface en absoluto el derecho de acceso a la información [...], atento las respuestas genéricas y evasivas esgrimidas por la demandada".
Al respecto, Fernando Muñoz señaló "este fallo de la justicia es valioso para los inquilinos de la Ciudad porque deja en evidencia que CUCICBA está el servicio de los intereses inmobiliarios, cuando el organismo fue creado por ley en 2007 se estableció que su función era controlar y sancionar a los corredores inmobiliarios, sin embargo, en los últimos años solo una inmobiliaria fue sancionada por cobrar comisiones ilegales. Esto es posible por la absoluta connivencia entre CUCICBA y el Gobierno de la Ciudad, que le entregó el control de las inmobiliarias a las mismas inmobiliarias. El macrismo no trabajó nunca en la defensa de los inquilinos, porque representa los intereses usureros de estos intermediarios y de las principales constructoras de la Capital".
Y agregó "es importante entender que la ley establece que el máximo de comisión inmobiliaria es de 4,15% del valor total del contrato, lo que representa alrededor de un mes de alquiler, todos los inquilinos de la Ciudad saben que no existe ninguna inmobiliaria que cobre menos de dos meses".
"Esta violación de la ley es un transferencia de dinero millonaria de los bolsillos de los inquilinos a las inmobiliarias, los 150 mil contratos de alquiler que se renuevan cada dos años en la Ciudad representan un ingreso 'extra' de las inmobiliarias de $750 millones, esto significa que en un día estos intermediarios se apropian de un millón de pesos que les corresponden a los inquilinos", precisó Muñoz.
En tanto, la publicidad engañosa se refiere a los avisos de alquiler que publican las inmobiliarias en páginas de internet y en otros soportes, en los cuales solicitan abiertamente una comisión ilegal para acceder a la vivienda. Al ser tan sencillo identificar a los infractores, Muñoz pidió información sobre las medidas que se emplean en contra de esta tipo de prácticas. Por último, CUCICBA deberá explicar por qué, desde junio de 2014, exige el pago de un arancel de $360 para que un inquilino denuncie a una inmobiliaria.
El fallo del juez López Alfonsín destaca que el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios deberá brindar "dentro del plazo improrrogable de cinco días hábiles" la información solicitada por Fernando Muñoz, la cual deberá ser "específica, clara y concreta, sin remisiones o vinculaciones a sitios informáticos u otros documentos o soportes".