Varios frentes de lucha para beneficio del sector vienen llevando adelante los miembros de Inquilinos Agrupados que mantuvieron un segundo encuentro con el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, en el cual le plantearon la necesidad de acelerar la aplicación de la tarifa social para inquilinos, a pesar de ser uno de los sectores más castigados, los inquilinos no fueron incluidos en este beneficio. A los aumentos del alquiler y las expensas, que representan hasta el 60% de los ingresos familiares, ahora se sumaron los aumentos en los servicios de agua, luz y gas, que en ocasiones representan hasta un mes de alquiler. Por este motivo, le plantearon al gobierno nacional que quienes alquilan su vivienda por un monto menor a 14 mil pesos mensuales, deberían tener acceso a la tarifa social.
En un primer encuentro, Fernando Blanco Muiño se comprometió a comenzar el trabajo en la provincia de Neuquén para posteriormente implementarlo en otras regiones. Insistieron en la urgencia de la situación y le solicitaron que inicie el mismo trabajo en Córdoba capital y que se facilite una reunión de trabajo con Vilma Cecilia Bouza, directora general de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA para avanzar en la implementación de este beneficio y en el control de las expensas.
Desde hace tiempo los inquilinos vienen sufriendo fuertes aumentos en el precio del alquiler, que superar largamente cualquier índice de inflación y de aumentos salariales. Esta situación se agravó durante 2016 con incrementos de entre 40 y 60% en las renovaciones y con actualizaciones semestrales del 15%. Esto último, sumado a los gastos exorbitantes para ingresar a una vivienda, los aumentos en el valor de las expensas y la tarifa de los servicios, ubica a los inquilinos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Por este motivo es imprescindible que el gobierno nacional avance de manera urgente en la implementación de este beneficio para las familias que alquilan su vivienda.