Los legisladores del Bloque Peronista de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños, Santiago Roberto, Silvia Gottero y Claudio Heredia, presentaron un proyecto de Ley para regular el accionar de las agencias de cobranza extrajudicial, con el objetivo de garantizar el trato digno al consumidor y evitar las prácticas comerciales que pudieran vulnerar sus derechos.
La iniciativa cuenta con el apoyo de numerosas ONGs de defensa al consumidor y se sustenta en el Artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que los proveedores de bienes y servicios deben garantizar las condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios.
"El objetivo es evitar que a las personas que adeudan cuotas de algún bien o servicio las estén llamando permanentemente o enviando notas con falsas denuncias penales, tanto a su casa como a su trabajo, para presionarlos con el pago de las mismas; porque entendemos que las empresas ya cuentan con herramientas legales que van desde demandas judiciales hasta embargos del sueldo", explicó Muiños.
Y agregó "De ninguna manera pretendemos que los deudores dejen de pagar porque hay un compromiso que asumieron y que tienen que cumplir. Sin embargo, no tienen por qué sufrir hostigamientos vergonzantes, por teléfono o por correo, por parte de las agencias de cobranza, que los pueden llevar incluso a perder el empleo. Por eso, estamos planteando que tengan la posibilidad de denunciar estos acosos para que no los sigan padeciendo".
En este sentido, el proyecto considera "trato indigno" a la reiteración de llamadas al deudor, una vez que este haya solicitado el cese de las comunicaciones; llamadas a teléfonos laborales; a teléfonos personales en horarios inconvenientes (antes de las 9 y después de las 20 horas) o en días no hábiles; el envío de cartas, tanto al hogar como al trabajo, con apariencia de reclamo judicial o que incluyan leyendas tales como "deudor" o "moroso", sin haberse iniciado ninguna causa; y el envío de correos electrónicos a una casilla que no haya sido suministrada por el deudor o que pertenezca a una persona diferente.
Asimismo, el legislador Roberto hace referencia a "las situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias" por parte de las empresas de cobranza. "Este tipo de prácticas surgen, por ejemplo, cuando le informan a la persona sobre las consecuencias que puede acarrear el no pago de su deuda, como el inicio de una causa penal", sostiene.
"Si el deudor solicita que no se lo vuelva a contactar, tanto en forma telefónica o por carta, quedará absolutamente prohibido reiterar esas prácticas. Para ello bastará con que se lo haga saber al agente de cobranzas", concluye el Bloque Peronista en el articulado del expediente.