Para la defensoría, los aumentos en el transporte deben guardar relación con los incrementos salariales, la opinión surge del equipo de Transporte y Telecomunicaciones de la institución, en el marco del nuevo cuadro tarifario anunciado por el Gobierno nacional.
Ante el cronograma de aumentos de las tarifas de los servicios de transporte público de pasajeros, automotor, ferrocarril y subterráneo, recientemente anunciados por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el secretario de Transporte, Juan José Mendez, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa:
Según estimamos, el costo mensual del transporte público para marzo de 2019 alcanzará el 7,5% del salario mínimo, vital y móvil. Es importante señalar que en el año 2015 el mismo solo representaba el 3,2% del SMVM. Insistimos que los aumentos de los servicios públicos deben guardar relación con los incrementos salariales, especialmente en el presente contexto de retracción económica.
Entendemos que la prioridad del transporte público de pasajeros del área metropolitana no puede reducirse a la discusión de los costos. Es deber del Estado invertir en obras de infraestructura que mejoren la accesibilidad y la experiencia de viaje de los usuarios y usuarias.
Llamamos la atención sobre la falta de publicidad de los contratos de concesión que rigen la actividad del servicio público automotor de pasajeros metropolitano. Esta situación produce que usuarios y usuarias no cuenten con información fehaciente y oficial sobre la frecuencia exigible para cada ramal y línea.
Es inadmisible que servicios públicos como el que prestan ferrocarriles y colectivos metropolitanos, que transportan a ocho millones de usuarios y usuarias a diario, no estén sujetos al procedimiento de audiencia pública. Es necesario que la administración federal y local comprendan que las mismas son mecanismos necesarios para dar transparencia y legitimidad a los actos de gobierno. Las audiencias públicas debe ser un ámbito de participación y debate ciudadano considerado por las autoridades competentes y no un mero trámite formal.
El derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas y su experiencia cotidiana constituye una realidad única e indivisible que no reconoce distinciones interjurisdiccionales. Así como oportunamente propusimos y con posterioridad celebramos la implementación de la Red Sube, que significó un avance en relación a la integración multimodal, reiteramos la necesidad de que la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios transporte de pasajeros se realicen en el ámbito de una audiencia pública unificada que abarque y contemple todos los servicios de transporte del área metropolitana.