Informe sobre los impactos socioeconómicos asociados al nuevo hábitat, se realizó en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y sintetiza los resultados de los relevamientos realizados durante los años 2019 y 2020 en el Playón de Chacarita.

Durante la presentación, Livia Ritondo, titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales de la institución, reivindicó el derecho a la vivienda como un derecho fundamental y aseguró que la crisis sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19 puso en evidencia que esto se conjuga con el derecho a la vida y a la salud.

El informe fue elaborado entre la Gerencia de Abordaje Social en Conjuntos Urbanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento de la etapa posterior -desarrollado en diciembre de 2020- ha sido confeccionado considerando la situación actual de pandemia. Si bien las consecuencias evolucionarán con el tiempo, a través de los datos obtenidos se recogieron los efectos y percepciones inmediatas de la pandemia en las economías familiares.

El relevamiento arrojó, entre otros datos, que:

- El 16,6% de los hogares interrumpió su actividad económica de producción, comercios y servicios en la post mudanza debido a la ubicación y/o características de la vivienda.

-Respecto al contexto de COVID-19, el 77,8% de los hogares encuestados manifestó que sus ingresos se modificaron, ya sea por perdida de su trabajo o disminución de ingresos.

-Más del 80% de los/as jefes/as de hogar tiene un ingreso laboral menor a 2 SMVM.

-El 38,9 % de los hogares ha tenido dificultad para acceder a alimento suficiente. El 40,7% de los hogares asistió a un comedor comunitario durante el año 2020.

-Casi un 40% de los hogares encuestados registra deuda en servicios (luz-gas).

El informe cuenta lineamientos y recomendaciones para adoptar medidas que promuevan la plena satisfacción de los derechos.

Además de Ritondo, participaron Vanina Lekerman, Valeria Fantasía, María Guadalupe Alonso y Karina Torradola de la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat, personal de la Adjuntía de Bábara Bonelli y María Emilia Aladio González de la Subcoordinación Operativa de Usuarios Esenciales.

El informe completo será presentado en la Mesa de Gestión Participativa del barrio el próximo 13 de octubre.