La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, celebra la media sanción, aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, del proyecto que busca reformar la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e incorporar la figura de violencia digital por motivos de género.
En el marco de la inclusión de los derechos digitales, la iniciativa agrega tres ejes centrales: uno destinado a definiciones y principios, otro sobre aspectos de prevención y difusión y el último dirigido a brindar herramientas a la Justicia para disponer baja de contenidos, preservar evidencia digital y tomar medidas protectorias urgentes en el ámbito digital.
Se la conoce como Ley Olimpia por su impulsora, la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien se reunió con la Defensora porteña el 22 de julio del año pasado. Específicamente, aborda los delitos que vulneran la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
Desde la Defensoría se observó el debate en el recinto y se acompañó a las víctimas. En este mismo sentido, el pasado 8 de marzo se llevó a cabo la firma de la Carta Compromiso contra la Violencia de Género Digital junto con organismos internacionales de derechos humanos, instituciones académicas y organizaciones sociales de mujeres, niñez, diversidad y tecnología; donde se destaca la promoción de reformas normativas de esta índole.
También en 2021, se acompañó la discusión de proyectos de ley de este tipo al considerar que en la actualidad “lo virtual es real”.
A su vez, en el plano regional, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos anunció que se elaborará una ley modelo de violencia digital para lo cual ya se convocó la participación de numerosas entidades mediante aportes y comentarios.
En tanto, desde el organismo, se apela al pronto tratamiento de la norma por parte del Senado para alcanzar el desarrollo de políticas públicas tendientes a capacitar a los distintos operadores que intervienen en esta problemática.