La Asociación de Profesionales Peritos Verificadores (APPV) de la ciudad de Buenos Aires manifestó su preocupación ante la presentación del Decreto 271/14 que creó un cuerpo de 20 inspectores para reemplazar a los mil verificadores independientes en el control de las obras en construcción existentes en el distrito.

El decreto fue presentado horas antes de la feria judicial y lleva la firma del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri; del Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; y del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

Esta medida anunciada por el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, "viola la Ley Nº 4268 que incorpora una serie de inspecciones obligatorias en el Código de Edificación según las distintas etapas de obra, y ordena que éstas sean realizadas por los Peritos que ahora el Ejecutivo pretende dejar de contratar", sostuvo la presidenta de APPV, arquitecta Lilian Rodríguez.

Y agregó "Los verificadores de obra damos mayor transparencia a los controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes asignados por sorteo. Queremos ser profesionales al servicio de la sociedad y no de los negocios inmobiliarios".

Además, durante la conferencia de prensa que brindaron el miércoles pasado en la Legislatura, la presidenta de APPV informó que "el registro nació en el 2000 ante la corrupción en las inspecciones y comprende a más de mil arquitectos e ingenieros.

Eliminar la figura del verificador es debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención y la seguridad de las personas".

Asimismo, otra verificadora y miembro de la APPV, ingeniera María Cristina Siga, dio detalles sobre su tarea que es "comprobar que lo hecho en obra coincida con el plano registrado – lo mismo ocurre en el caso de las habilitaciones -. Si hay divergencias lo informamos y luego quien decide qué hacer es el Gobierno porteño, que tiene el poder de policía a través de sus inspectores".

Es decir, que la actuación de estos profesionales externos es verificar las obras, pero el poder de policía para clausurar y la responsabilidad por las irregularidades es del Gobierno de la Ciudad.

A partir del Decreto 271/14, los nuevos inspectores sí van a tener poder de policía y estarán facultados para clausurar en el momento, aunque serán solamente veinte miembros, que deberán controlar las 4.000 obras simultáneas que hay en la Ciudad y que implican cuatro instancias de inspección.

Por otro lado, Lilian Rodríguez desmintió la versión de la AGC de que en los últimos tres años recibieron 14.000 denuncias por obras que, pese a haber pasado la verificación, tenían irregularidades: "En catorce años no hubo ningún profesional denunciado y ni un sólo caso que roce la irregularidad. No podemos permitir que nos arrebaten algo que funciona perfectamente", aseguró.

"Prescindir de la presencia profesional externa e independiente de los peritos verificadores en los sistemas de control, no sólo afecta el trabajo de miles de profesionales, sino que destruye el enorme avance social alcanzado en el cuidado y la seguridad de las personas, pues se están dejando las condiciones propicias para que se vuelva al uso de viejas prácticas", aseveró Rodríguez en referencia al modelo anterior de inspecciones, que eran realizadas por personal propio del Gobierno porteño.

Por último, la presidenta de APPV advirtió que "esto pone en riesgo a todo aquel que transite por la Ciudad y hace peligrar la continuidad de un método que ha dado muestra cierta de favorecer al control a través de una efectiva prevención".