La Ley Nacional de Alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores se encuentra paralizada desde hace seis meses en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja por decisión de su presidente, el diputado Daniel Lipovetzky.
La iniciativa fue redactada por todas las organizaciones de inquilinos del país que conforman el Frente de Inquilinos Nacional y fue discutida durante todo 2016 en la Cámara Alta, llegando a un consenso absoluto de todos los bloques.
Actualmente, el proyecto se encuentra sin tratamiento en la comisión que preside el diputado Lipovetzky, quien además de ser el responsable de no convocar a reuniones de comisión, presentó otro proyecto de ley con el objetivo de tergiversar el debate que deben dar los diputados. En su proyecto se establece un sistema de actualización de precios muy perjudicial para los inquilinos y beneficia a las empresas constructoras con exenciones impositivas.
Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados afirmó "Hasta el momento, Lipovetzky solo convocó a una reunión de asesores de diputados para discutir su proyecto, el nuestro y otros seis proyectos más que se presentaron en los últimos años. Evidentemente, se trata de una maniobra especulativa, con la cual busca que la poca actividad del Congreso durante la campaña electoral y las elecciones termine por quitar de la agenda política nuestro proyecto de ley".
Recientemente el INDEC dio a conocer que la inflación de mayo fue del 1,3%, mientras que la suba de precios acumulada en los primeros cinco meses de este año es del 10,5% y se espera que durante todo 2017 sea de 21%. En este contexto, los contratos de alquiler ya están firmados para este año y para el próximo con aumentos semestrales del 15%, lo que implica un 32% anual, más de 10 puntos por encima de la inflación. Sin mencionar las renovaciones de contratos que se ubican en un 40 a 60% de aumento.
Nuestro proyecto de ley establece que las actualizaciones de precios sean anuales (no semestrales) utilizando un índice objetivo que se obtiene promediando la inflación (IPC) y la variación salarial (CVS). Además, se extiende de dos a tres años el plazo mínimo del contrato, se establece que el propietario debe pagar los impuestos que gravan su propiedad y las expensas extraordinarias y se limita el depósito en garantía a un mes de alquiler, entre otros puntos.
"Los siete millones de inquilinos del país necesitamos medidas urgentes que restauren el desequilibrio que existe entre las familias que alquilan su vivienda y el mercado inmobiliario. Por eso exigimos al diputado Daniel Lipovetzky que convoque de forma urgente a una reunión de comisión y que comience a trabajar en beneficio de los inquilinos y no del mercado inmobiliario", agregó Muñoz.