La petición de la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, se fundamenta en la necesidad de defender el derecho al acceso a la justicia de las personas que peticionan por un ambiente sano, equilibrado y el respeto de las normas urbanísticas.

En 2012, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) comenzó la construcción de una nueva estación de la línea H del subterráneo en Plaza Alvear, en violación de las normativas urbanísticas y generando un daño irreparable al hábitat de dicha zona. Frente a este hecho, Basta de Demoler y la historiadora urbana Sonia Berjman iniciaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que frenó la obra.

Sí bien la causa, por una contingencia procesal, no prosperó; el GCBA modificó el proyecto original -en un reconocimiento implícito de que la obra en la Plaza Alvear era irregular y dañaba el ambiente- y definió  construir la estación donde actualmente se encuentra la terminal Facultad de Derecho. Sin embargo, después de haber finalizado la obra, junto con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), presentaron una demanda contra la Asociación y Berjman donde reclamaban daños por un monto de más de 23 millones de pesos.

Tal como figura en el escrito presentado ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6, “en el caso analizado, surge claramente que la pretensión del GCBA y de la empresa SBASE de reclamar los daños ocasionados por el ejercicio legítimo de un derecho -como es el de acceso a la justicia para tutelar un bien jurídico colectivo- resulta una forma encubierta de imponer un costo a la acción de amparo con el único objeto de desalentar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes culturales de la Ciudad de Buenos Aires”.

En este sentido, se argumenta que el principio de gratuidad sobre la intervención de la Asociación Basta de Demoler se encuentra protegido por la normativa vigente y que el reclamo por un hipotético daño de los amparistas debió haberse realizado al momento de ser presentada la medida cautelar.

Por ello, el documento firmado por Muiños indica que se trata de una medida “extemporánea, abusiva y de carácter intimidatorio” que busca contradecir por la vía judicial los postulados centrales de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.