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Coronavirus: Fecoba pide a comerciantes e industriales acatar indicaciones y solicita medidas económicas para morigerar impacto.
En el marco de la crisis por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y ante el impacto directo que conlleva en la actividad económica, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) ha conformado un comité de crisis destinado a monitorear sus efectos en los sectores pymes porteños y solicita a las autoridades locales la inmediata implementación de medidas destinadas a morigerar el cuadro.
En ese sentido, el presidente de la entidad, Fabián Castillo, solicitó "la postergación de pagos de impuestos, el libre estacionamiento y líneas de crédito blandas para el sector a los efectos de compensar la crisis provocada por la falta de comercialización y la amenaza sobre los puestos de trabajo".
De igual modo, el dirigente empresario se refirió a la necesidad de "suspender las retenciones Sircreb, entre otras medidas que alivianen la presión fiscal".
Al mismo tiempo, Castillo llamó a "comerciantes e industriales de la ciudad a acompañar todas las acciones que adopten tanto las autoridades nacionales como locales sin excepción".
"Nos encontramos ante una realidad que podemos enfrentar si nos unimos, si somos solidarios y si obedecemos todas las indicaciones. Es una gran ocasión para anteponer el bien común", agregó Castillo.
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Rodríguez Larreta firmó un decreto que regirá por 30 días con medidas para prevenir y afrontar el coronavirus, en él se establece la suspensión de actividades turísticas y eventos masivos, considerando como tales a todos aquellos con una concurrencia superior a las 200 personas.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmó ayer jueves un decreto con medidas específicas para prevenir y afrontar el coronavirus que regirá por los próximos 30 días, aunque este plazo puede modificarse en función de los resultados que se vayan obteniendo.
En el decreto se establece la suspensión de actividades turísticas y eventos masivos, considerando como tales a todos aquellos con una concurrencia superior a las 200 personas. Entre las actividades suspendidas se destacan:
Recitales
Boliches bailables - locales Clase C
Congresos y conferencias internacionales
Museos públicos y privados
Bus turístico
Asistencia de público a eventos deportivos
Por otro lado, se impone un tope de 200 personas a:
Congresos y conferencias nacionales
Espacios culturales
Casinos
Cines, teatros y templos, que deberán reducir su ocupación en un 50%.
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:
Artículo 1o.- Suspéndese todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo mayor a doscientos (200) asistentes.
Artículo 2°.- Restríngese la capacidad de ocupación en un cincuenta por ciento (50%), la que no podrá superar los doscientos (200) asistentes, para todas las actividades religiosas que se desarrollen en templos y/o establecimientos, las actividades que se desarrollen en salas de teatro, cines, salas de juego, centros culturales de gestión privada, y todo otro tipo de establecimiento en los que se realicen convenciones o congresos.
Artículo 3°.- Suspéndense las actividades que se desarrollen en todos los establecimientos inscriptos y autorizados bajo el rubro "local de baile clase C".
Artículo 4°.- Suspéndense las actividades que se desarrollen en los museos de gestión pública o privada ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en los centros culturales y teatros gestionados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Suspéndese el servicio del Bus Turístico Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Suspéndense los Congresos y Conferencias de carácter internacional.
Artículo 7° Establécese que los eventos deportivos que se desarrollen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizarse sin concurrencia de público.
Artículo 8°. Establécese que las medidas adoptadas serán por el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha del presente decreto, pudiendo ser prorrogadas o ampliadas conforme se desenvuelva la situación sanitaria.
Artículo 9°. Establécese que las autoridades de fiscalización y control verificarán el cumplimiento de las medidas impuestas por el presente.
Artículo 10.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados, para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
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Audiencia Pública por la construcción del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña se realizó la audiencia pública, con 131 inscriptos como oradores, por el financiamiento y construcción en Flores del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa, que es un "establecimiento institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes imputados, por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y o Federal", como es descripto en la ley del Poder Ejecutivo porteño, aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña
La primera en exponer fue Alicia Blasco, del Consejo de Derechos Niñas Niños y Adolescentes. Primero se refirió a los Centros San Martín, Rocca y Manuel Belgrano: "no cumplen los requisitos mínimos de seguridad" dispuestos por la ley. Por ello consideró pertinente la construcción del nuevo Centro Modelo en la manzana comprendida por la avenida Castañares y las calles Rivera Indarte y Bonorino, para garantizar "condiciones dignas de habitabilidad, educación y formación". Afirmó que el nuevo establecimiento tendrá "un centro de formación profesional, un espacio de salud, un lugar para que los adolescentes puedan dignificar su permanencia" y de esa manera en el futuro "integrarse a la sociedad"
Sonia Terreno, titular de la Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad, a través de una presentación visual, describió la obra a realizares y valoró que el nuevo edificio contará con "espacios deportivos y áreas verdes", además de diseños que no "connoten con unidades carcelarias".
Jorge "Quito " Aragón, ex legislador afirmó: "parece que tienen buenas intenciones, mejorar las condiciones de los chicos que caen presos". Pero afirmó que "venden una parte del estado para utilizar otro" ya que el predio donde se edificará el Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa, anteriormente, de acuerdo a Aragón "antes era usado por el Estado, para el despacho de camiones con asfalto"
Fernando Moya, integrante de la Junta Comunal 10, alertó por que los casi "145 millones de dólares" que recaudaría el estado porteño por la venta de predios para la construcción del Centro Modelo. Curapaligüe 727 (Centro José de San Martín), Segurola 1651 (ex Instituto Manuel Rocca) y Perón 2048 (Centro de Deriviación) fueron "inmuebles declarados innecesarios" por la ley. El comunero también advirtió que el ex Instituto que funcionara en el barrio de Monte Castro fue donado por Manuel Rocca en 1914 para construir "un asilo de menores para que se eduquen" y "hoy se enajena".
Julián Cappa, integrante de la Junta Comual 7, pidió resolver el problema de la construcción "sin vulnerar el patrimonio" de la Ciudad. El Padre Juan, de la parroquia Madres del Pueblo, lindero a donde se construirá el nuevo Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa en Flores, alertó que el barrio Rodolfo Riciardelli "no tiene un jardín ni escuela" y dijo: "si tenemos verdadero interés socioeducativo, es necesario crear centros de prevención para niños y adolescentes".
Mariano Fernández, vecino de la Comuna 10 pidió por "menos cárceles y más escuelas". María Teresa Gutierrez Cullen se entristeció por el destino de los viejos predios: "es claro que van a hacer torres, con el desprecio del patrimonio". Laura Fiumara, contó que es maestra y vecina de Monte Castro hace 30 años y pidió que se tengan en cuenta las prioridades del barrio y bregó por "un jardín de infantes de jornada completa".
La mesa que coordinó la audiencia pública en el Salón Dorado estuvo integrada por Victoria Roldán Méndez, Daniel Del Sol, Esteban Garrido, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cristina García de Aurteneche, Lucía Romano y María Cecilia Ferrero (Vamos Juntos); Matía Barrotaveña, María Bielli, Lorena Pokoik, Lucía Cámpora y Esteban Andrade (Frente de Todos) y Manuela Thourte (UCR/Evolución) .
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Santilli recibió a intendentes de nueve provincias en el Centro de Monitoreo Urbano la Policía del a Ciudad, el vicejefe de Gobierno porteño, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, recibió ayer a un grupo de intendentes de nueve provincias para interiorizarlos sobre el Sistema Integral de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
Santilli le abrió las puertas a los jefes comunales del Centro de Monitoreo Urbano y del Centro Único de Coordinación y Control que funciona en Chacarita, junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, el secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, Fernando Straface, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.
"Vinimos a mostrarles a los intendentes el sector de monitoreo, los ojos de la Ciudad, que mira las 10 mil cámaras que tenemos, el Sistema Integral de Seguridad y el Anillo Digital, todo lo que hace, junto a la capacitación, que los delitos hayan caído exponencialmente", sostuvo Santilli tras la reunión.
Santilli destacó, además, que el encuentro con los intendentes sirve para "un trabajo conjunto: la ciudad y municipios, intercambio de ideas, compartir propuestas y trabajo para que haya más seguridad para nuestra gente".
D'Alessandro, por su parte, sostuvo que la reunión sirvió para "compartir diferentes experiencias, mostrar la tecnología con que contamos y ponernos a disposición para trabajar en conjunto, porque la seguridad la hacemos entre todos".
El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal, dependiente de la Secretaría General de la Ciudad.
Entre los jefes comunales estuvo Ulpiano Suárez, intendente de la capital de Mendoza, quien resaltó que "la Ciudad de Buenos Aires tiene un modelo de estrategia de seguridad a seguir".
Los demás intendentes que asistieron fueron Erica Revilla (General Arenales), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), José Salomón (Saladillo), José Zara (Carmen de Patagones), Gustavo Perié (Ramallo), Daniel Capelletti (Brandsen), José Castro (San Miguel del Monte) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), por la provincia de Buenos Aires.
Estuvieron Rafael Cavagna (Nogoyá) y Federido Bogdan (Gualeguay), de Entre Ríos; Pedro Dellarossa (Marcos Juárez, Córdoba), Natalio Latanzi (Rufino), César Bainotti (Sancti Spiritu), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) y Daniel Sagardía (Diego de Alvear), por Santa Fe.
Integraron la comitiva de jefes comunales Fabián Martín (Rivadavia) y Juan José Orrego (Santa Lucía), por San Juan; Bruno Cipolinii (Sáenz Peña, Chaco) y Raúl González (El Sombrero, Corrientes),
Finalmente, desde Río Negro llegaron Yamila Direne (Valcheta), Hugo Funes (Chimpay), Miguel Martínez (Ingeniero Huergo), Mariano Lavin (General Fernández Oro), Víctor Hugo Mansilla (Darwin) y Félix Moussa (Ñorquincó).
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Con texto consensuado, el Cuerpo Parlamentario apoyó las actividades a realizarse en esta fecha emblemática y hubo enfáticos discursos desde todos los bloques. "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora el "Día Internacional de la Mujer", que tendrá lugar el 8 de marzo y adhiere a las actividades a realizarse en dicho marco", según sostiene el texto consensuado por todos los bloques que se aprobó este jueves en la primera Sesión Ordinaria del año.
La Legislatura de la Ciudad ha reconocido y abordado en numerosas oportunidades las problemáticas de la violencia familiar, por un lado, con la sanción de las Leyes 1265 y 1688, y de violencia de género, y por otro, con la sanción de la Ley 4016. Asimismo cabe destacar la Ley 2110 de Educación Sexual Integral, y la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499 "Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado" sancionada el año pasado mediante Ley 6208.
En Argentina, si bien queda trabajo por hacer, hay mucho para conmemorar, reconocer y seguir festejando en relación con los derechos de las mujeres, desde la conquista del derecho al voto hasta los avances que se materializaron durante los últimos años con la sanción de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley N ° 25.673), la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (N° 26.485), la incorporación en el Código Penal de la figura del Femicidio, a través de la modificación del artículo 80 del mismo (Ley N° 26.791), la modificación a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (N° 26.842), la de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150), la de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley Nº 27.412 Ley Nº 27.412), entre otras.
En todos los discursos previos a la votación, los legisladores exaltaron la importancia de la fecha conmemorativa y la reivindicación de la lucha feminista, la búsqueda de igualdad y cumplimiento de derechos y la preocupación por los femicidios.
Del bloque mayoritario tomó la palabra la diputada Lucía Romano (VJ), que aseguró: "Si bien hay leyes que contribuyen debemos ambicionar más, lograr la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad. Deseamos que no sea necesario instituir normas, sino que fluyan de un saber cultural". Por el Frente de Todos habló Laura Velasco, que sumó el objetivo de "que con políticas públicas se logren erradicar la violencia y desigualdad de género".
También intervinieron las legisladoras Myriam Bregman, Alejandrina Barry (PTS-FIT), Marta Martínez (AyL), Ofelia Fernández, Lucía Cámpora (FdT), Manuela Thourte (UCR-Ev) y Gimena Villafruela (VJ), y los legisladores Gabriel Solano (FIT-PO) y Roy Cortina (PS).
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Cautelar en favor de no afectar el uso del edificio de la Escuela Yrurtia, la justicia ordenó al Ejecutivo local que se abstenga de adoptar decisiones que afecten el uso del edificio de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
El titular del Juzgado n.° 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dada la proximidad del inicio del ciclo lectivo, que «se abstenga de adoptar decisiones que afecten el uso de los espacios del edificio de la Avenida Juan Bautista Alberdi 4139 y Cajaravilla 4158 que se encuentran actualmente asignados a la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales 'Rogelio Yrurtia'. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva». Todo ello en el marco de la causa «Leiva, Paula Lucía y Otros contra GCBA sobre Amparo – Educación – Temas edilicios».
Un colectivo de padres cuyos hijos son alumnos de la institución junto a una egresada, promovieron acción de amparo contra el GCBA (Ministerio de Educación), con el objetivo de que «se ordene mantener el uso del edificio de la calle Juan Bautista Alberdi 4139/43/45/47 y Cajaravilla 4158/64/68/74/78/80 (...) de manera exclusiva a favor de la Escuela Superior de Enseñanza Artística en Artes Visuales 'Rogelio Yrurtia'». Manifestaron que «el gobierno tomó la decisión de modificar el destino del espacio expropiado, con el riesgo de una expropiación inversa, puesto que según relataron, el destino previsto por la ley de expropiación 1859 fue el de albergar la Escuela Yrurtia, y no la creación de un polo de las artes». Agregaron que «se tomó la decisión sin escuchar a la comunidad educativa, violando el principio de democratización en la materia que prevé la Constitución de la Ciudad». Y solicitaron, además, el dictado de una medida cautelar para que «se suspenda la ejecución de todo hecho o acto administrativo que importe la relocalización o apertura de cualquier otro establecimiento educativo o de cualquiera otra índole, en el edificio».
El magistrado tras haber requerido y reiterado el cumplimiento de la información solicitada al GCBA necesaria para resolver la cautelar, y destacar que durante el transcurso de un año el Ejecutivo no había acompañado al expediente lo solicitado, dictó el 27 de diciembre de 2019, una medida precautelar mediante la que ordenó al gobierno que se abstuviera de adoptar decisiones que afectaran el uso del edificio, y estableció que «la vigencia de la precautelar dispuesta sería hasta tanto se resolviera sobre la medida cautelar peticionada por la actora, para lo cual el GCBA debería cumplir de manera clara, completa y precisa con ciertas requisitorias, oportunamente ordenadas», y que en dicha resolución reiteró.
Atento a las presentaciones efectuadas, la documentación aportada y la audiencia realizada a la que asistieron miembros del GCBA, del Ministerio de Educación, la Asesora Tutelar y los papás, el juez analizó la posibilidad del dictado de la medida cautelar pretendida. En un primer momento, reseñó el entramado normativo relativo al derecho a la educación, compuesto por las normas constitucionales, el sistema internacional de derechos humanos, la Constitución de la Ciudad y las leyes locales. A su vez, recordó que «la Constitución de la Ciudad en su artículo 24 dispone que el sistema de educación asegura la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones». Destacó además, el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad en el que se encuentra reconocido de modo expreso el derecho de los/as niños/as y adolescentes de "ser informados, consultados y escuchados".
Por último, Ferrer, al menos en este estado de la causa, consideró afectado el derecho a la educación invocado, en cuanto entendió que «el comportamiento llevado adelante por el GCBA se muestra idóneo para comprometer la accesibilidad a la institución y su disponibilidad para la comunidad educativa de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales 'Rogelio Yrurtia'». En este sentido, reconoció que «el espacio en que se permitía desarrollar sus tareas a la Escuela Yrurtia no resultaba ajustado a sus necesidades«.–
Por Redacción iJudicial el 3 marzo 2020.
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En el comienzo de su segundo mandato Horacio Rodríguez Larreta llamó al diálogo y al consenso para seguir transformando la Ciudad de Buenos Aires.
El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta inauguró ayer por la mañana el XXIII Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo establece el artículo 74 de la Constitución local, con un mensaje al Pleno de diputados en el que repasó el estado general de la administración al inicio de su segundo mandato.
Ante un Recinto colmado en el hemiciclo y palcos bajos en los que se ubicaron ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Judicial y de los organismos de control y entes descentralizados así como del Cuerpo diplomático con sede en la Ciudad, el titular del Poder Ejecutivo ingresó al Recinto a las 8:56 horas acompañado por las autoridades del Cuerpo Parlamentario entre ellas su Presidente y Vicejefe de Gobierno Diego Santilli y el Vicepresidente Primero diputado Agustín Forchieri.
En la que constituyó su quinta presentación inaugural, la primera del segundo mandato que comenzó en diciembre pasado, tras ser recibido con aplausos Rodriguez Larreta ocupó el centro del estrado y durante casi una hora expuso los principales lineamientos y acciones en sus primeros cuatro años de gestión y las que concretará durante el corriente año.
Tras agradecer a los legisladores "por su compromiso, por su profesionalismo y por impulsar, desde este recinto, proyectos bien concretos que le mejoraron la vida a millones de personas", también a su equipo de trabajo y a la ciudadanía, apuntó que "para seguir construyendo esta Ciudad, yo necesito de ustedes. Necesito de cada uno de los millones de vecinos y vecinas de Buenos Aires: de los que la viven, de los que la quieren y de los que todos los días la llenan de vida. Estamos orgullosos de la transformación que impulsamos juntos en estos cuatro años".
A continuación enunció los proyectos planificados para los próximos cuatro e invitó al Cuerpo Legislativo "a que se sumen para hacerlos realidad".
El Jefe de Gobierno en el cierre de su mensaje afirmó: "Creo que hay un recorrido que podemos seguir y que se resume en tres valores: cercanía, humildad y pluralidad".
"Estamos en un mundo nuevo, distinto, con grandes responsabilidades, pero también con grandes oportunidades. Los invito a transitarlo juntos, poniendo bien alto estos valores que nos caracterizan y que hacen de Buenos Aires una ciudad donde dan ganas de vivir. Sepan que siempre van a encontrar en mí un jefe de Gobierno dispuesto a escucharlos y a trabajar para que todos vivamos mejor", sostuvo.
Y concluyó sosteniendo: "El diálogo es el punto de partida para encontrar consensos y avanzar en las transformaciones que nos cambian la vida. Transformaciones que, sin duda, tienen que estar por encima de nuestro color político. Porque independientemente del espacio del que formamos parte, la responsabilidad que nos confió la gente es la misma: mejorarles la vida. Como gobernantes tenemos que estar a la altura de lo que nos demanda la sociedad".
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Confirman multa a shopping por el hurto de bienes en un auto estacionado en su garaje, la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la empresa propietaria del centro comercial y confirmó la multa dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, conformada por su presidente, Carlos F. Balbín, y sus colegas, Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, rechazó el recurso interpuesto por Coto Centro de Integral de Comercialización S.A. (Coto SA), y confirmó la multa de 40 mil pesos dispuesta por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el hurto dentro del auto de un cliente, que ocurrió en el estacionamiento del centro comercial conocido como Spinetto Shopping, en el porteño barrio de Balvanera. Todo ello en el marco de los autos caratulados "Coto Centro Integral de Comercialización SA c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor".
El GCBA le impuso una multa por infringir el artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 (LDC). Explicó que «las actuaciones (...) fueron iniciadas a raíz de la denuncia del Sr. R. C. J. contra esa empresa. Según dicha denuncia (...), el 9 de febrero de 2015, mientras el Sr. (...) realizaba compras en la sucursal del supermercado Coto ubicada en la calle Adolfo Alsina 2300 de esta ciudad, sufrió el hurto de elementos que se encontraban en su vehículo, estacionado en el subsuelo del Shopping 'Spinetto'». El consumidor acompañó el ticket de estacionamiento que «acreditaba el ingreso del vehículo», y la copia de la denuncia policial, de la que surgen los bienes sustraídos. La instancia conciliatoria se cerró sin acuerdo.
Coto SA. señaló que «no se han acreditado los hechos». Afirmó, además que «si bien la empresa ofrecía un espacio para estacionar rodados, ese ofrecimiento era gratuito y sin vinculación contractual que la obligara con el denunciante ni con ningún otro cliente. Asimismo, tal ofrecimiento no podría incluir la obligación de guarda y custodia de los objetos contenidos en los vehículos, máxime cuando la firma desconocía su existencia».
A la hora de referirse a la empresa, Balbín sostuvo que «no controvierte que –conforme se desprende del ticket (...)–, el denunciante haya concurrido a la sucursal de la calle Alsina (...). Tampoco se hace cargo de lo señalado por la administración en punto a que se trataba de un proveedor altamente especializado y que se encontraba en mejores condiciones de probar que el hurto no sucedió en sus instalaciones (por caso, mediante videos de seguridad o constancias del libro de novedades del personal de vigilancia). Sobre esta cuestión se ha señalado que '... la prueba del hecho es muy dificultosa, porque se supone que quien hurta una cosa no lo hace en presencia de testigos', tal situación no puede ir en desmedro de la víctima». Recordó además que «lo que se discute (...) es la procedencia de la multa por una transgresión a la LDC y no la cuantía del perjuicio efectivamente sufrido». Y observó que «la empresa se apoya en la contrapropuesta del consumidor pero nada dice de la oferta inicial de la empresa de seguridad, vinculada a un hurto que, según Coto SA, nunca existió».
Acerca del argumento en que el ofrecimiento del espacio para estacionar era gratuito y que no generaba obligaciones, indicó el camarista que «se ha sostenido acertadamente que '... el deber de seguridad, (...) no abarca exclusivamente el sector de góndolas o cajas, sino que también se extiende al predio en su conjunto (playas de estacionamiento, sectores de esparcimiento, patios de comida, etc.), de allí que —por ejemplo— reiterada y uniforme jurisprudencia juzga responsable al explotador del supermercado por la sustracción de rodados o por daños ocasionados'».
Las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik adhirieron en lo sustancial al voto del titular de la Sala I.- Por Redacción iJudicial el 26 febrero 2020.
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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, junto al jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, el subjefe de la fuerza, Oscar Cejas y el Comisario Inspector de la Comisaría Comunal 1, Carlos Humberto Bobillo, inauguraron ayer el nuevo edificio de la Comisaría Comunal 1, ubicado en Retiro, que cuenta con 4.025 metros cuadrados y una cabina de denuncias conectada por videoconferencia con el Ministerio Público Fiscal.
Rodríguez Larreta explicó que las comisarías comunales, como la que se inauguró, cumplen la función "de un departamento de policía en cada comuna, que hace a nuestra política de acercarnos cada vez más a la gente y tener un lugar accesible".
Además, destacó que cuenta "con la mejor tecnología" y es "un lugar con las mejores condiciones para que la gente trabaje".
"Es parte de nuestro plan integral de mejora de la seguridad en la Ciudad. Estamos avanzando muy bien, han bajado todos los delitos pero tenemos que seguir trabajando", aseguró el Jefe de Gobierno.
Por su parte, Santilli señaló que "la seguridad es una prioridad absoluta, para nosotros es una política de estado" y remarcó: "Tenemos que seguir bajando los delitos y haciendo de Buenos Aires una ciudad mucho más segura".
"Donde haya un caso de delito nosotros tenemos que estar y esto nos ayuda a que los policías puedan tener mejor logística, mejor lugar de trabajo y mejores condiciones para llevar su desempeño a fondo", agregó.
El nuevo edificio, rediseñado por la directora General de Infraestructura del Ministerio de Justicia y Seguridad, Arquitecta Jacqueline Forschner, fue inaugurado en el marco del nuevo plan de distribución de comisarías por comunas, también tiene una oficina de atención de denuncias por violencia de género, sala de academia, despachos jerárquicos, comedor, gimnasio y vestuarios para 700 personas.
Además tiene una alcaidía con sectores de registro y requisa de detenidos, una oficina de médico legista, 18 celdas de incomunicados, dos celdas generales y una celda para personas involucradas en siniestros viales.
El plan de redistribución de comisarías se lleva a cabo de acuerdo a la actual división jurídica por comunas, para mejorar la cobertura.
Cada comuna cuenta con una Comisaría Comunal (15 en total) y entre dos y cinco Comisarías Vecinales (43 en total) que las asisten.
Estos nuevos edificios cuentan con una mejor infraestructura para la atención y una mejor dotación para la investigación, a la vez que están más cerca de los vecinos.
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Los legisladores porteños del bloque Frente de Todos, mantuvieron el jueves una reunión con el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, para coordinar acciones con el Gobierno local y expresaron su preocupación ante los 250 inminentes desalojos confirmados por la Justicia. Los legisladores manifestaron su acompañamiento a la agenda de la Defensoría ya que, además de las 7251 personas que viven en situación de calle, la problemática habitacional porteña contempla los inminentes 250 desalojos, que constituyen una amenaza para muchas familias; los subsidios habitacionales de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia que no alcanzan para pagar el alquiler; el proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos; la imposibilidad del acceso al crédito para la vivienda y las dificultades de los programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para dar soluciones.
Además, acordaron poner en marcha una agenda de trabajo que contemple posibles soluciones en materia de Derechos Humanos, frente a los casos de trata, violencia de género y violencia en institutos de cuidado a personas mayores.
El encuentro se enmarcó dentro de las reuniones que el bloque Frente de Todos viene concretando con ministros y funcionarios tanto del gobierno nacional como de organismos locales, con el objetivo de conocer las diversas problemáticas de los porteños y porteñas. En este contexto, la semana próxima coincidirán con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la ministra nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
Estuvieron presentes el presidente del bloque, Claudio Ferreño; la vicepresidenta Segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños; además de los legisladores, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco.