En el Diario
Miércoles 8 Mayo 2024

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Comentarios sobre la eliminación de la devolución del 5% del iva en las compras con tarjeta de débito, la medida se había tomado a fines de 2001 para estimular el consumo y además garantizar el blanqueo de las compras en negro. Pero este año a pesar que las ventas registran una pronunciada caída según la CAME, y que muchos comerciantes se manejan con modo informal, ya no habrá devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito. El reintegro era de un 5% sobre un tope de compra de 1.000 pesos. Comenzó en noviembre de 2001, y su prórroga fue realizándose todos estos años a pesar que la economía tuvo por momentos tasas de crecimiento altas.
Por primera vez esta prórroga no se produjo y al término del 2016 y comienzos del 2017, la misma no salió. En Economía defienden la medida diciendo que como era una ley transitoria que duró 15 años era momento de realizar una modificación y que forma parte de una revisión integral del sistema impositivo. Por otra parte aducen en AFIP que la medida tenía un costo fiscal alto no cumpliendo con el objeto de fomentar el uso de las tarjetas de débito.
Sin embargo, el cálculo dice que la Nación aproximadamente dejó de recaudar en 2015 alrededor de 4.500 millones y unos 6.000 millones de pesos en el año 2016 por este beneficio. En el presupuesto del año 2017 el costo de la devolución de IVA por tarjetas de débito sumaría un total de 7511 millones.
Tal medida a pesar de los endebles argumentos, representa una disminución del gasto para el Gobierno y un aumento de impuestos para los contribuyentes. Recordemos que Argentina tiene uno de los IVA más altos del mundo puesto que en países de Europa y en EEUU ronda entre el 5 y el 12 %. Por ello la presión fiscal sigue siendo importante para los estratos sociales que menos tienen ya que al gastar todos sus ingresos soportan la mayor presión fiscal representada por este impuesto al consumo.
En otro orden fomenta la economía en "negro" y la evasión fiscal ya que al no poseer este beneficio, será más sencillo la utilización de efectivo para los usuarios ya que los comercios suelen ofrecer descuentos en efectivo y consecuentemente la evasión de la facturación.
Recordemos que una familia que cobra sus haberes o recibe sus beneficios y está bancarizada, por compras hasta $ 1000 recibe el 5% lo que representa un valor de $ 50 que a lo largo del mes pueden transformarse en una suma que sirve para cubrir otros gastos como por ejemplo la carga de la tarjeta SUBE.
Por último, antes de terminar el año, salió una resolución que prevé una devolución de IVA para turistas extranjeros en servicios de alojamiento. Este costo fiscal no estaba previsto en el Presupuesto 2017 por ello es atinado pensar que este desembolso sería compensado con el ahorro de devolución en el mercado interno.
Alejandra Napolitano
Titular del Centro de Estudios Impositivos y Tributarios para la Administración Pública de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

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Especialistas y organizaciones sociales de infancia conformaron la Red "Argentina No Baja", la mesa de trabajo se realizó en la Legislatura porteña con la presencia de legisladores, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, instituciones y especialistas en infancia para frenar la iniciativa propuesta por el macrismo. La iniciativa toma como ejemplo la campaña "No a la baja" que se realizó en Uruguay en 2014.La Red Argentina No Baja nace con la vocación de articular las voces de quienes estamos contra la baja de edad de punibilidad. Una iniciativa amplia y plural que albergue a distintas expresiones sociales, culturales y políticas de quienes coincidimos en que nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad.
Acuerdos básicos para la convocatoria Red Argentina No Baja
Frente a la reiterada propuesta de "bajar la edad de imputabilidad", recientemente retomada por un sector del gobierno, como modo de responder a situaciones puntuales de violencia y/o inseguridad, decimos que:
1) Es Ineficaz: La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total). Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.
2) Empeora la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar
políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.
3) Utiliza a los adolescentes como "chivo expiatorio" de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes (2 de cada 3 noticias en los medios que hablan de niños y adolescentes son policiales), cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial (son jóvenes las víctimas de gatillo fácil y quienes sufren hostigamientos, violencias y torturas cotidianas por parte de las fuerzas públicas en los barrios). Es necesario que el Estado garantice a todxs lxs pibxs educación, oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.
4) Confunde sobre el fondo de la cuestión: Es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas: Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de lxs adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.
5) Es Inconstitucional, al violar el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
6) El Estado debe garantizar a los niñas niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad mientras se vacían, desfinancian y cierras todas las políticas públicas de inclusión, lejos de una solución a la sociedad, es una hipocresía.

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A 10 años de la ley argentina que reconoce del Genocidio Armenio, el Consejo Nacional Armenio, organismo que impulsó la ley, emitió un comunicado en el que relató el recorrido que se llevó adelante para lograr el reconocimiento a nivel nacional.
Al comienzo de la lucha hubo un acompañamiento desde todos los sectores tanto políticos como sociales de nuestro país que "hicieron propio el reclamo por el reconocimiento de este genocidio y contra el negacionismo del Estado turco", con resoluciones parlamentarias nacionales y provinciales y, ya con la llegada de la democracia, el reconocimiento en un discurso del entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín ante la comunidad armenia de la Argentina en septiembre de 1987. "Sin embargo, ese camino por el reconocimiento tendría un retroceso en la década del noventa", cuando el presidente Carlos Menem vetó una ley de reconocimiento que había sido sancionada por unanimidad en el parlamento.
Para el Consejo Nacional Armenio, a partir del 2003, la "apertura de una nueva etapa en la lucha por los derechos humanos" marcada por "la derogación de las leyes de impunidad, la posibilidad de continuar con los juicios a los genocidas, y la incorporación en la agenda del Estado del discurso y reivindicaciones de los organismos de derechos humanos" constituyó un "marco propicio" para los históricos reclamos de la comunidad armenia.
"Este gran logro en el camino del reconocimiento del Genocidio Armenio, se pudo concretar gracias a este acompañamiento y a la voluntad política del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner y distintas fuerzas políticas que impulsaron la iniciativa en la Honorable Cámara de Diputados (Rafael Bielsa, Frente para la Victoria-PJ; Hermes Binner, Partido Socialista; Carlos Raimundi, ARI; Federico Storani, UCR; y Federico Pinedo, PRO)", explicó el Consejo Nacional Armenio, "entendiendo la relevancia de este pronunciamiento no sólo para la comunidad armenia de Argentina sino como un reclamo de gran parte de la sociedad argentina que luego de haber atravesado una experiencia genocida en el pasado rechaza cualquier repetición futura de este tipo de crímenes, sintetizado en la expresión bisagra en nuestra historia 'Nunca más'".
La ley permitió que las provincias "adhieran" a la misma e incorporen la fecha a su calendario y currícula escolar, mientras que funcionó como uno de los fundamentos en la sentencia del Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio iniciado por Gregorio Hairabedian y copatrocinado por las instituciones comunitarias, que determinó la responsabilidad del Estado turco en el Genocidio Armenio. Además, permitió que el Ministerio de Educación, a través de su programa Educación y Memoria, incluyera el Genocidio Armenio entre sus ejes de trabajo y confeccionara junto con el Consejo Nacional Armenio un material para trabajar el Genocidio Armenio en las escuelas.
"Actualmente, cuando al lobby de Turquía se le ha anexado el de Azerbaiyán, es fundamental que Argentina ratifique permanentemente que el negacionismo no tiene lugar en nuestro país, por más ofertas o amenazas que distribuyan a nivel nacional y provincial. Quien busque relaciones equilibradas con ambas posiciones, debe saber que está cargando en sus platillos víctimas y victimarios, lo que resulta inaceptable", cierra el comunicado del Consejo Nacional Armenio.
Agencia Prensa Armenia

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, presentaron ayer un plan coordinado de acción conjunta para la prevención y el control de enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes Aegypti, como el dengue, el Zika y la fiebre chikungunya.
Rodríguez Larreta destacó que tras la campaña de concientización que se inició de forma conjunta durante el invierno "percibimos un nivel mucho mayor de concientización de la gente respecto de los cuidados preventivos" y, en referencia a los riesgos de contraer enfermedades, aseguró: "Trabajándolo entre todos es la mejor manera de prevenirlo".
El Jefe de Gobierno y la gobernadora bonaerense estuvieron acompañados por las ministras de Salud de la Ciudad y de la provincia, Ana María Bou Pérez y Zulma Ortiz, y también por la diputada nacional del PRO, Gladys González, quien asumirá como la nueva directora de ACUMAR, el organismo público encargado del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
"Lo más importante es la campaña de concientización conjunta. Eso está dando buen resultado y además estamos sumando ahora la tarea en ACUMAR, en toda la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una zona muy riesgosa. Claramente este tema es uno de los más urgentes que tenemos que encarar", explicó Rodríguez Larreta.
A su vez, sostuvo que "hasta ahora no hemos tenido reportados casos" de ninguna de estas enfermedades, por lo que "podemos estar mucho más optimistas de lo que fue el año pasado".
Por su parte, Vidal señaló que "en este tema lo importante es que empezamos a trabajar en invierno cuando nadie hablaba de dengue, ni de Zika, ni de chikungunya" y coincidió con Rodríguez Larreta en que los registros actuales son mejores que los del año pasado.
La gobernadora también señaló que "haber trabajado juntos tantos años hace que los equipos se reúnan naturalmente como lo hicieron con otros temas a lo largo del año" y reiteró: "El trabajo en equipo ya está dando los primeros resultados".
La iniciativa contempla acciones de prevención y concientización; el intercambio de mejores prácticas; y la coordinación del control de las enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes.
En ese marco, los gobiernos coordinarán las acciones de prevención a partir de la comunicación y el trabajo en las diferentes formas de eliminación de criaderos reales y potenciales. Para esto se promocionarán, de acuerdo a las características poblacionales y situación epidemiológica, el descacharreo, la capacitación a promotores/multiplicadores y la sensibilización barrial, entre otras acciones en el territorio.
Además, se continuará el trabajo de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, fundamental para la realización de acciones oportunas de control vectorial. Particularmente, se trabajará en la notificación inmediata y exclusiva a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, instrumento oficial que permite la interconexión de las autoridades que deben realizar las acciones de prevención y control a partir de la notificación de los pacientes bonaerenses atendidos en la Ciudad de Buenos Aires y viceversa.
El plan surge a partir del trabajo del Gabinete Metropolitano, el ámbito de articulación de políticas para el AMBA, que coordina acciones de ambos gobiernos para temáticas que exceden los límites de cada jurisdicción.
La Ciudad viene trabajando la iniciativa "Manzanas libres de Aedes Aegypti", con participación comunitaria en las áreas vulnerables y menos vulnerables, a través de un trabajo integrado con distintas organizaciones. Así, se llevan adelante diferentes acciones de descacharreo, sensibilización, búsqueda de criaderos y capacitaciones, entre otras, y se trabaja con la figura del Vecino Multiplicador.
Las distintas acciones se realizan con un trabajo integrado del que participan los ministerios de Ambiente y Espacio Público, Hábitat y Desarrollo Humano y Educación, además de las comunas y Cultura Ciudadana.
Toda la información en la página del Gobierno de la Ciudad buenosaires.gob.ar

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A partir de la tarde de ayer los pasajeros de la línea C del subterráneo se les complico en regreso a sus hogares, los conflictos de los trabajadores con la empresa como siempre perjudica a los usuarios que después de un día laboral están ansiosos por la vuelta a casa, esto continuara en el día de hoy según el comunicado de la Asociación gremial de trabajadores del Subte y Premetro, informan en la línea C del subterráneo, han iniciado retención de tareas por condiciones indignas de higiene y seguridad, que ante la falta de condiciones de higiene y seguridad mínimas para desarrollar las actividades habituales en la Línea C, se han visto en la obligación de realizar retención de tareas a partir de la tarde de ayer.
Hoy jueves 5 de enero, la retención de tareas continuará, a la espera de alguna solución por parte de la empresa, verdadera responsable de esta situación.
El comunicado emitido dice que lamentan que esto afecte los pasajeros/as, pero que esperan que una rápida respuesta de Metrovías a estos reclamos, permita resolver a la brevedad esta situación y que el servicio pueda normalizarse.
La falta de vestuarios, baños insuficientes o clausurados, falta de matafuegos y de personal de seguridad generan una situación en la que no se cumplen condiciones dignas para cualquier trabajador/a.
Esto situación esta a la espera de la negociaciones que se produzcan, entre los involucrados en el conflicto y los pasajeros puedan reanudar los viajes en un servicio que es imprescindible para evitar las demoras que se producen cuando el pasajero queda sin este servicio.
La Línea C del subte, une las estaciones ferroviarias de Retiro y Constitución y es una de las líneas que conecta transversalmente toda la red. Combina con la Línea A en la estación Avenida de Mayo, con la Línea E en la Estación Independencia y con las Líneas B y D en la estación Diagonal Norte.

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En la ciudad ya no se podrá cobrar más de un mes de comisión y tampoco excesos en pedidos de informes y certificaciones de firmas, tras el amparo iniciado en febrero de 2016 por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) e Inquilinos Agrupados, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires -Sala I- confirmó la sentencia según la cual fue declarada ilegal la Resolución del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA) que habilitaba el cobro, por parte de las inmobiliarias, de más de un mes de comisión en los alquileres con destino de vivienda única de la Ciudad.
Asimismo, la sentencia judicial condena a CUCICBA a ejercer un control integral adecuado sobre sus matriculados, con miras a evitar que se repitan este tipo de cobros ilegales.
En el fallo, dictado en la última semana de 2016 por los camaristas Mariana DIAZ, Fabiana H. SCHAFRIK y Fernando E. JUAN LIMA, se desestiman -en lo sustancial- las apelaciones planteadas por CUCICBA contra la sentencia de primera instancia.
Entre los argumentos expuestos, los jueces afirman que "los actores se encuentran legitimados en relación con la pretensión destinada a proteger los derechos de quienes alquilan inmuebles con destino a vivienda única", que "de conformidad con el reparto de competencias entre el Estado Federal y los estados locales establecido en la Constitución Nacional, la facultades del estado local de regular las profesiones liberales y el ejercicio del poder de policía en esa materia han sido expresamente consagradas en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires", y que "de conformidad con lo dispuesto en la ley 2340, corresponde a la competencia de la legislatura local, y no al colegio profesional que por esa misma ley se creó, regular la materia arancelaria o, eventualmente, modificar lo dispuesto al respecto en aquella norma".
Esta decisión, a su vez, es coincidente con la medida cautelar dictada en 2016, por la cual se protegía preventivamente de estos cobros ilegales, a todos los inquilinos de la Ciudad.
En consecuencia, a partir de que el fallo quede firme -lo que se dará en los primeros días de febrero, en caso que CUCICBA no insista en nuevos planteos dilatorios de la sentencia que lo condena-, ninguna inmobiliaria de la Ciudad podrá cobrar a los inquilinos comisiones por más del 4,15% del contrato (equivalente a un mes promedio de alquiler), ni otros gastos sin debida rendición de cuentas -tal como ilegalmente muchas venían haciendo-.
Al respecto, Gervasio Muñoz explicó: ya no se podrá cobrar comisiones superiores al 4,15% y tampoco podrá cobrarse más $450 por cada certificación de firmas (el propietario debe pagar la suya) y $450 por pedidos de informes de garantías. Para todos los casos deberá emitirse factura de lo cobrado. Es importante destacar que el responsable de controlar el cumplimiento del fallo es el CUCICBA (ahora denominado CPI).
El 35% de la población de la ciudad de Buenos Aires vive en hogares alquilados.
Las inmobiliarias durante mucho tiempo nos quitaron nuestros ahorros y con ello se alejó aún más, nuestro sueño de la casa propia. Los inquilinos nos organizamos porque sabemos que es posible alquilar de forma justa en la ciudad. Solo depende de nosotros".

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A mediados del 2016 en la Legislatura porteña, se puso en marcha el proyecto de ley que crea el "Servicio Público de Taxis Accesibles" ahora también se tiene que avanzar hacia la producción nacional de vehículos accesibles en el país el 12,9 por ciento de la población tiene alguna discapacidad y aproximadamente el 20 por ciento tiene una discapacidad motora.
La iniciativa fue elaborada, originalmente, por la Dirección de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y presentada por el diputado Adrián Camps, quien afirmó: "Queremos dar solución a un problema grave que tienen las personas con discapacidad en la Ciudad que es la movilidad". Esta modalidad en un comienzo contaría con 50 vehículos especialmente adaptados que pertenecerán a la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad estatal se debe a que para poder coordinar la fabricación de estas unidades se requiere de cierta escala, es decir, no se podrían producir por uno o dos vehículos solamente; y un acuerdo que ponga en contacto directo al Gobierno de la Ciudad y las empresas fabricantes. Además, se creará un centro de coordinación para que los usuarios puedan llamar como si fuera un radiotaxi. El proyecto prevé, en el futuro, una concesión mediante el pago de un canon y la posibilidad de ampliar el número de taxis accesibles hasta mil unidades. Este tipo de servicio ya se aplica, con éxito, en ciudades como Estocolmo, Nueva York y Río de Janeiro.
Para promover el acceso al transporte de toda la comunidad, el Centro Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI firmó un convenio con el grupo PSA, que fabrica los automóviles Peugeot, Citroën y DS, para fabricar el primer vehículo accesible para transportar personas usuarias de silla de ruedas en el país. El vehículo va a permitir a la persona acceder por medio de una rampa desde el portón trasero, para ubicarse en la segunda fila de asientos, uno de los cuales podrá retirarse para dejar espacio para la silla.

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Sobre la deducción de alquileres en el impuesto a las ganancias, desde la asociación de Inquilinos Agrupados emiten un comunicado: Queremos comunicar nuestro beneplácito a que sea tratada la problemática de los inquilinos en la ley de impuestos a las ganancias. A pesar de alcanzar esta medida a una porción mínima de los inquilinos que habitan el país, creemos importante transmitir nuestra posición.
Es fundamental entender que la implementación de esta deducción solo podrá ser llevada a cabo si se legaliza el mercado de la vivienda. Esto quiere decir que es necesario tener un sistema claro y legal de firmas de contratos y de facturación del canon locativo. Estos dos puntos son condiciones fundamentales para que la deducción del alquiler en ganancias no sea sólo letra escrita.
Al respecto, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, afirmó "en la Ciudad de Buenos Aires la gran mayoría de los alquileres están en negro y nadie tiene registro de quienes son propietarios e inquilinos" y agregó "esta situación debe resolverse para que funcione la deducción, los contratos deberían sellarse y a los inquilinos les deberían entregar una factura cuando pagan el alquiler".

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El jueves en la última sesión ordinaria de la Legislatura porteña, se aprobó la ley que crea el Área Ambiental Buenos Aires Centro. La ley establece la ampliación de la zona del microcentro actual y del horario en el cual se restringe la circulación de vehículos particulares.
La diputada Cristina García De Aurteneche, Vicepresidente de la Comisión de Tránsito y Transporte y vocera de la ley por parte del oficialismo, defendió el proyecto en el recinto y remarcó que "el objetivo primordial de esta ley es la promoción del transporte público y los medios de movilidad más saludables, procurando la preservación del espacio público."
En cuanto a los beneficios de esta normativa se destaca la disminución de la contaminación ambiental en consonancia con el compromiso del Gobierno de la Ciudad de mitigar y reducir los efectos del cambio climático adoptando medidas estructurales en este sentido. Al respecto la Diputada Cristina García dijo: "estamos convencidos de que el "Área Ambiental Buenos Aires Centro", junto con las otras políticas de movilidad sustentable que se vienen implementando, colaborará con la reducción de los niveles de dióxido de carbono al restringir el uso del automóvil particular en zonas de la Ciudad altamente colapsadas por el tránsito y que afectan la calidad de vida de los vecinos."
La ley sancionada recibió tratamiento en la legislatura porteña en las Comisiones de Tránsito y Transporte y Desarrollo Económico. En el marco de esas reuniones, el proyecto original sufrió modificaciones sustanciales a partir de las propuestas de distintos espacios políticos y sectores sociales involucrados. En este sentido, la principal reforma tiene que ver con la implementación en etapas y la exclusión del área comprendida por el barrio porteño de San Telmo.
Por lo tanto, a partir de abril de 2018, se extenderá el actual Microcentro hasta Av. Santa Fé y la zona del casco Histórico, hasta Av. Belgrano en el horario de 11 a 16 hs. En una segunda etapa, Octubre de 2018, se incorporará el área de Tribunales y se mantendrá el mismo horario de 11 a 16 Hs. Y finalmente, en la tercera etapa, a partir de Julio de 2019, se ampliará el horario en una franja de hasta 9 hs.
La legisladora Cristina García se refirió a la exclusión del Área de la zona de San Telmo y dijo: "hicimos lugar a los reclamos y propuestas de vecinos y comerciantes de la zona. Entendemos que por el camino del diálogo es posible llegar a establecer los consensos necesarios para lograr el mayor impacto positivo con esta medida que sin duda, es de suma importancia y necesaria para mejorar la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires."

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Al comienzo de la semana escolar la comunidad educativa del colegio público Casto Munita, ubicado en la calle Cuba 2039, del barrio de Belgrano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se encontraron con que durante el fin de semana se había desplomado el cielorraso de un aula
por suerte el hecho se registro cuando los chicos no estaban en clase, la comunera Julieta Costa Díaz de la Comuna 13, manifestó que en septiembre de este año tuvieron un encuentro junto a la Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, UTE y la Defensoría General de la Ciudad, en el cual participaron autoridades, cooperadoras y centros de estudiantes de las escuelas públicas de la Comuna 13, el motivo de la reunión fue analizar las obligaciones emanadas de los contratos que firmaron las empresas adjudicatarias del mantenimiento edilicio escolar en la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno central, en esta misma escuela ya se había desmoronado un sector de un aula del jardín de infantes.
Costa Díaz manifestó "Hay en ejecución un contrato con la empresa Mejoramiento Hospitalario por mas 45 millones de pesos por año para que estas cosas no sucedan, ya que entre las tareas de rutina está la de revisar los cielorrasos periódicamente, la empresa debió advertir que había peligro de derrumbe y arreglar lo que fuera necesario para q el hecho no ocurrirá porque está dentro de sus obligaciones.
Los alumnos del "Casto Munita" piden reparaciones edilicias a la Legislatura desde hace años, en 2014 por iniciativa de la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, la "pronta reparación y mantenimiento edilicio" de la Escuela "Casto Munita" de Belgrano, el Gobierno de la Ciudad respondió en enero de 2015 que estaba interviniendo en las urgencias y rutinas de mantenimiento. "Los alumnos de 5° grado de la Escuela 'Casto Munita' se acercaron el 27 de mayo de 2014 por cuarta vez al Palacio Legislativo en el marco del programa 'La Legislatura y la Escuela' para plantear la necesidad de una inmediata reparación, preocupados por el estado del edificio, con paredes descascaradas, sin pintura, mobiliario en mal estado y desactualizado para las actividades de la escuela'", informó Muiños.
La declaración de preocupación fue aprobada en diciembre de ese año por el Cuerpo parlamentario y en enero de 2015 el entonces Director General de Infraestructura Escolar, Fernando Domínguez, brindó una respuesta en la que sólo dijo haber "tomado conocimiento" de la situación e informó que "en el 2014 la empresa Vera Construcciones ejecutó en el establecimiento una obra de instalación de gas y calefacción" y que "el mantenimiento de la escuela lo tiene a cargo la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A., que interviene en las urgencias y en las rutinas de mantenimiento conforme lo pautado en el contrato de Mantenimiento de Obra Menor Comunal".
"Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad no nos supo responder en aquel momento nada concreto sobre el estado de la infraestructura de la escuela. Como consecuencia, hoy toda la comunidad escolar del 'Casto Munita' sufre una grave situación por la falta de mantenimiento sostenido en el tiempo, que afecta no sólo el cierre de su ciclo lectivo, sino posiblemente el inicio de clases en 2017", concluyó Muiños.