Viernes 23 Mayo 2025

Política

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, a través de la Agencia de Protección Ambiental, prohíbe la entrega, uso y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 22 de noviembre.
Quienes no cumplan con la medida podrán ser multados.
"Hace 6 meses impulsamos esta resolución con el claro objetivo de lograr el abandono del uso de sorbetes. Hemos tenido una buena experiencia con las bolsas. Creemos que debemos limitar el uso de plásticos de un solo uso, que muchas veces, no es necesario y los podemos reemplazar con nuevas costumbres, más sustentables" explicó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
La prohibición fue establecida por la Resolución 816/MAyEP/2019 que se desprende de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos N° 1.854 (texto consolidado según Ley N° 6.017) que en el mes de mayo inició el proceso de abandono del uso de este tipo de productos plásticos desalentando la entrega en distintos comercios.
Desde la entrada en vigencia de la resolución los inspectores del Gobierno de la Ciudad están realizando una campaña específica para controlar la aplicación de esta norma.
La medida alcanza a hoteles de 4 y 5 estrellas; shoppings, galerías comerciales y centros comerciales a cielo abierto, locales que posean una concurrencia de más de trescientas personas por evento;
establecimientos pertenecientes cadenas comerciales (más de cinco establecimientos que se encuentren identificados bajo una misma marca comercial, sin distinción de su condición individual de sucursal o franquicia); locales de baile y comercios donde se sirven y/o expenden golosinas, comidas y/o bebidas. comercios que expenden y/o fraccionan productos alimenticios; comercios que elaboran y/o expenden productos alimenticios de venta inmediata; comercios donde se sirven o expenden comidas, locales para la venta de golosinas envasadas; locales de baile.
Los vecinos podrán denunciar el incumplimiento de esta norma a través del canal de reclamos y solicitudes de la Ciudad.
Datos duros sobre sorbetes y plásticos de un solo uso:
● El sorbete es el 4to residuo plástico más común en las costas y los océanos.
● Los sorbetes suelen usarse unos pocos minutos y pueden tardar entre 150 y 400 años en descomponerse.
● 2 millones de sorbetes al mes son consumidos solo en patios de comidas de shoppings de la CABA (según estimaciones de APrA).
● Este descarte es equivalente a 1,7 toneladas y 465 kilómetros de longitud equivalente a la distancia de la CABA con la ciudad de Mar del Plata.
● El 62% de la producción de plásticos se destina a productos de packaging y de un solo uso.
● Al desintegrarse se generan partículas conocidas como microplásticos que son ingeridas por la fauna acuática, que bioacumulan y magnifican estos materiales a la cadena alimentaria.
● Peces recogidos en zonas costeras del Río de la Plata -como el surubí, el sábalo, el patí, el pejerrey y la carpa- albergan en su tubo digestivo diminutas partículas de material sintético.
Ciudades que prohibieron el uso de sorbetes
Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mendoza, Ushuaia, California (Alameda, San Luis Obispo, Davis, Carmel, Malibú, Berkeley, Oakland, Richmond), Florida (Fort Myers, Miami), Oregon, Hawaii, Nueva York, Río de Janeiro, Costa Rica, Escocia, Galápagos, Vancouver, la Unión Europea con su estrategia de reducción del plástico descartable.

 

Explican nueva zonificación para la estación ferroviaria Villa Crespo, el proyecto de ley que propicia el cambio de zonificación para el sector denominado "Estación Villa Crespo" en la Línea del Ferrocarril San Martín que fuera remitido el pasado viernes 8 al Cuerpo Parlamentario porteño por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ayer fue presentado ante las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto.
A la reunión informativa asistió el subsecretario de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad, Carlos Colombo, quien a través de una presentación audiovisual repasó los principales puntos de la iniciativa y respondió las consultas realizadas por los diputados.
El Ejecutivo propicia el cambio de zonificación para el sector denominado "Estación Villa Crespo" situado en la Línea del Ferrocarril San Martín a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre avenida Dorrego y calle Humboldt - Comuna 15.
En este sector se encuentran inmuebles que forman parte del Convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrado bajo el N° 32315238 y oportunamente aprobado por el Cuerpo Legislativo mediante Ley N° 6.131.
Según se explicó estos predios identificados como dos parcelas de la Manzana 162 A no tienen actividad ferroviaria y "de acuerdo a la caracterización de las condiciones urbanísticas, socioeconómicas y ambientales se considera que las normas que integran este proyecto permiten la integración armónica entre el tejido, el uso y la dinámica propia de una estación intermedia de ferrocarril, a través de la mitigación y/o reducción de los efectos negativos, por lo que se propone la desafectación de la Manzana 162A, Sección 47, Circunscripción 15, de los términos del punto 4.3.2 "Afectación a Ensanche en Vías de Ferrocarril General San Martín y Domingo Faustino Sarmiento" del Título 4 "Cesiones de Espacio Público, Parcelamiento y Apertura de Vías Públicas" del Código Urbanístico" vigente.
Asimismo, integra este proyecto la incorporación de las Parcelas 35d y 35b, Manzana 162 A, Sección 47, Circunscripción 15, al punto 5 "Urbanizaciones determinadas (U)" del Anexo II "Áreas Especiales Individualizadas" del Código Urbanístico el área U N° (a designar)-Entorno Estación Villa Crespo, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos urbanos de características diferenciales, objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación, subdivisión del suelo y plástica urbana.
Respecto a la afectación de la apertura de la calle Camargo, el Ejecutivo "considera necesaria su ejecución parcial entre Humboldt y la proyección de las vías elevadas del Ferrocarril San Martín, a los fines de facilitar la permeabilidad y caminabilidad de la manzana en cuestión, como también la presencia dentro de la misma, del estadio del Club Atlético Atlanta, un micro estadio para eventos cerrado y la estación Villa Crespo, todos ellos usos de gran afluencia de público concentrada en el tiempo".
En este sentido, se propone la modificación del Cuadro N° 5.5b del Código Urbanístico "Arterias sujetas a apertura con declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de las parcelas o partes necesarias a aquellos fines", del punto 5.5 "Vías con afectaciones a aperturas o ensanches" aprobado por Ley N° 6.099. Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad se rige por los lineamientos y acciones del Plan Urbano Ambiental contenido en la Ley N° 2.930, marco al que se ajusta la normativa urbanística y que constituye el instrumento técnico - político para la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad.
La reunión conjunta que se realizó en el salón Presidente Perón, estuvo encabezada por las titulares de las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, diputadas Victoria Roldán Méndez y Paula Villalba (VJ), respectivamente, y también participaron los legisladores/as Maximiliano Sahonero, Lía Rueda, Maximiliano Ferraro, Cristina García, Claudio Romero, Paola Michielotto, Ariel Álvarez Palma, Guillermo Suárez, Sol Méndez, Gonzalo Straface, Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero (VJ), Paula Penacca (UC), Marcelo Guouman e Inés Gorbea (Ev).

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió a los alumnos y las alumnas de la Escuela Primaria Común N° 3 Grecia, ubicada en el barrio porteño de Agronomía, quienes son autores del Proyecto de Ley 1332-E-2019 que propone la prohibición de la comercialización y uso de pirotecnia con efectos audibles superiores a 70 decibeles en el marco de la Ciudad.
Debido a las consecuencias negativas que genera el uso de pirotecnia explosiva superior al umbral mencionado tanto en personas con el trastorno del espectro autista como en mascotas, la Defensoría del Pueblo adhirió a este proyecto y se comprometió a acompañar a los estudiantes cuando el mismo sea tratado en la Legislatura porteña.
"Quiero agradecerles a estos jóvenes por impulsar esta iniciativa que contribuye a generar una buena convivencia y que demuestra que se puede pensar en el otro y buscar vivir en una Ciudad inclusiva para todos y para todas", aseguró el Defensor del Pueblo Adjunto Arturo Pozzali.
El proyecto de ley tiene como objetivo desalentar la comercialización mediante eventos de fuegos artificiales lumínicos, en sitios seguros y apropiados a tales fines, manipulados por especialistas y a los que puedan asistir los vecinos de la Ciudad.
"Nosotros estamos preocupados y ocupados por la problemática que generan los fuegos artificiales, por eso presentamos hace cuatro años un proyecto sobre este tema que no obtuvo estado parlamentario", recordó por su parte el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, quien elogió el nuevo enfoque que plantea esta iniciativa legislativa de los alumnos de la Escuela N° Grecia. "Este proyecto es mucho más inteligente en la búsqueda de generar una buena convivencia entre las personas".
"Si bien es cierto que en los últimos 20 años fue disminuyendo de forma constante el número de víctimas por accidentes provocados por fuegos artificiales, aún hay mucho por hacer en esta materia, que incluye materiales en mal estado o realizados de forma clandestina, es decir, sin el debido registro de la empresa fabricante en Fabricaciones Militares, lo cual contribuye a que aumenten los accidentes", añadió Amor, en referencia a otros de los aspectos que plantea el mencionado proyecto de ley, que es contribuir a que disminuya la cantidad de heridos por el uso de pirotecnia.
La Defensoría expresó su compromiso en esta temática tanto por medio del Programa de Protección Animal, como por la Coordinación Operativa de Derechos de las Personas con Discapacidad, que trabaja constantemente en la difusión y concientización de los derechos de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Del encuentro participaron, además de Amor y Pozzali: la titular de la Unidad de Política Institucional, Dolores Ganfulfo; la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales, Livia Ritondo; la titular de la Coordinación Operativo de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ermelinda Garbini; el titular del Programa de Protección Animal, Ernesto Galella; la vicedirectora del Colegio N° 3 D.E. 16, Graciela Montescau, y el docente de esa escuela Diego Cutuli.

Deberán garantizarles cobertura y prevención de prestaciones frente a riesgos de trabajo, así lo había ordenado la justicia porteña el 1º de noviembre pasado. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó hoy que consiente la medida
La titular del Juzgado n.º 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Patricia López Vergara, había hecho lugar a la medida cautelar y ordenado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debía «abstenerse de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los Agentes de Tránsito». Todo ello en el marco de los autos caratulados «Asociación Trabajadores del Estado. contra GCBA sobre Amparo – empleo público – otros».
Por tanto, indicó que el Ejecutivo «deberá con carácter urgente proteger de forma inmediata la vida, la salud y mejorar las condiciones de trabajo en las cuales estos trabajadores desempeñan las funciones de Agentes de Tránsito -es decir, sobre aquellos que no revistan en planta permanente- y garantizarles la prevención y cobertura de prestaciones frente a riesgos de trabajo, lo cual incluye la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, la cobertura de enfermedades profesionales y en su caso, la indemnización por invalidez sobreviniente. Todo ello hasta tanto cada uno de los agentes contratados pase a integrar la planta transitoria de la Administración».
La magistrada recordó que entre las obligaciones internacionales asumidas, se encuentra el Convenio OIT n.º 155: «en el cual se busca promover la seguridad y salud en el trabajo y las mejoras en sus condiciones». Además, en el orden local, el texto de la ley n.º 2.540, en el marco del acuerdo celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el GCBA, estas jurisdicciones hace hincapié en la necesidad de "promover el 'trabajo decente'; y se comprometen a ejecutar en forma articulada acciones tendientes a instaurar el empleo de calidad que garantice un trabajo digno, el cumplimiento de las condiciones legales y convencionales, la eliminación de toda forma de trabajo que implique una clara y absoluta violación de los derechos de los trabajadores y de sus condiciones de salud y seguridad". En ese sentido expresó: «Trabajo decente es trabajo seguro».
Asimismo, la titular del Juzgado n.º 6 razonó: «pareciera que el propio Jefe de Gobierno en 2013 al suscribir el decreto con el Jefe de Gabinete asume 'la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios [que el Cuerpo de Agentes] presta a los ciudadanos' y luego los contrata como locador de servicios. Si un empleador particular violara de tal modo las leyes laborales, inmediatamente sería multado por la violación a la normativa de la LCT. ¿Y el Estado garante del cumplimiento de las leyes es el primero en violarlas?«.
En su sentencia, enfatizó que «los Agentes de Tránsito son seres humanos que a través de su presencia permanente en la vía pública tienen a su cargo el control del tránsito vehicular, la educación vial y velan por la seguridad y cuidado tanto de los peatones como de los conductores». «Pero... ¿quién cuida de ellos?», se preguntó. En ese orden de ideas, agregó que «se descuenta la necesidad de explicitar para ello la imperiosa necesidad de evitar que acontezca la pérdida de otra vida humana, mientras se clama por justicia, la cual debe responder al mismo en pos de evitar dar solución a los conflictos en forma tardía. Justicia tardía no es justicia».
Por último, López Vergara resolvió asimismo que «deberá informar informe las medidas adoptadas a fin de cumplir la manda cautelar en el plazo de cinco (5) días«.
Tras ser consultado por iJudicial, por el estado de la causa, desde el juzgado informaron que en el día de hoy el GCBA presentó un escrito en el que manifestó que avala la medida cautelar dispuesta por el tribunal y que la resolución se halla consentida. A su vez, el gobierno comunicó que ya comenzó a regularizar la situación de alguno de los agentes afectados.-
Por Redacción iJudicial el 7 noviembre 2019.

Se inició el proceso de selección de Auditores de la Ciudad, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura firmó el dictamen que avala la postulación de los candidatos acordados por las fuerzas políticas. Habrá Audiencia Pública.
En una reunión celebrada ayer por la mañana, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control emitió un dictamen favorable sobre los candidatos propuestos para ocupar los siete cargos de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, que deben ser designados por la Legislatura, según lo establece la Constitución local.
De esta manera se inició al proceso de selección, que continuará el próximo 3 de diciembre con una Audiencia Pública que se celebrará en la Legislatura, donde expondrán los candidatos que finalmente serán elegidos por un período de cuatro años y con acuerdo de las fuerzas políticas.
En los términos del artículo 136 de la Constitución de la CABA y los artículos 137 y 138 de la Ley N° 70, los candidatos para integrar la Auditoría que avaló la Junta de Ética son: Ana Judith Barchetta, Juan José Calandri, Mariela Giselle Coletta, Pablo Clusellas, Mariana Inés Gagliardi, Jorge Mario Hugo Garayalde, Alberto Gowland, Lucía Alicia Graffigna, María Raquel Herrero, Daniel Agustín Presti, Camila Febe Rodríguez, Vicente Federico Rodríguez, Facundo Nicolás Roma, María Cecilia Sanzone, Lisandro Mariano Teszkiewicz, Hugo Alejandro Vasques, Paula Beatriz Villalba y Marcelo German Wechsler.
La Auditoría General de la Ciudad ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. Además dictamina sobre los estados contables financieros de la administración pública, centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.
"Los/as Auditores/as Generales son designados por la Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad", establece la normativa, y aclara que "para ser Auditor/a General, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad, tener título universitario y contar con probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al Sector Público".

La iniciativa del Juzgado n.º 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño ya está disponible en la web. La titular del Juzgado n.º 13 n lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Lorena Tula del Moral, junto a su equipo de colaboradores difundió a través de la red social Twitter, un «Manual de procedimientos de la función jurisdiccional y de implementación de los principios de Justicia Abierta», el primero de sus características en la justicia porteña.
«Apoyados en modelos de justicia procedimental (procedural justice o procedural fairness), entendida como la ecuanimidad utilizada para llegar a las decisiones, implementamos una serie de modificaciones que nos permitiera aumentar la confianza de la ciudadanía en los/as funcionarios/as, aumentar el acatamiento y la comprensión de nuestras decisiones, reducir los tiempos de nuestros trámites y simplificar el acceso a la justicia a los ciudadanos de Buenos Aires», señala en su introducción el trabajo publicado.
Un manual de procedimientos operativos del juzgado, donde se condensan y explican todos y cada uno de los circuitos de trabajo que utiliza dicha dependencia, con el objetivo de trabajar de una manera ágil, eficiente y transparente; y con la ambición de que la experiencia se replique a partir de esta primera aproximación que es la guía.
Consultada por iJudicial, la magistrada aseguró que «el juzgado tiene dos ejes de trabajo fuertes que interactúan constantemente entre sí y se complementan». Y especificó que uno de ellos, es la función jurisdiccional ejercida bajo los parámetros de justicia abierta. «Hace unos años comenzamos a documentar cada uno de los procesos que consensuamos y establecimos como la forma más eficiente de realizar nuestro trabajo en estas dos facetas», indicó y añadió que «el largo camino, en el que todavía nos encontramos, estuvo marcado por la contribución de todos los y las integrantes del equipo, la recepción de sus inquietudes y la apertura a las demandas sociales que llegaban a nuestros oídos».
Por último, Tula del Moral señaló que «cada una de las actividades descripta en este documento implica una serie de procedimientos que hemos estandarizado y sistematizado, de modo que la visualización del paso a paso permita mejorar su desarrollo y, a su vez, servir de guía a quienes pretendan sumarse a esta iniciativa».
Por Redacción iJudicial el 1 noviembre 2019.

A partir de las 8:00, comienza en la Legislatura el recuento de votos que contienen las urnas de los sufragios del 27 de octubre emitidos en el distrito, luego de cumplirse el plazo de 48 horas en el que no se presentaron reclamos por parte de las agrupaciones políticas participantes.
"Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá reclamación alguna", establece el artículo 110 del Código Electoral Nacional.
Vencido el plazo, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción, mientras que está previsto que la actividad finalice a inicios de la semana próxima.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar: si hay indicios de que haya sido adulterada; si no tiene defectos sustanciales de forma; si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio; si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de denuncia de un partido político actuante en la elección; si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad computándolos en conjunto por sección electoral.
Por otra parte, en la sede del Tribunal Superior de Justicia, mañana también dará inicio el escrutinio definitivo de las mesas de votantes extranjeros.
Las urnas con custodia de efectivos de la Gendarmería Nacional y del Ejército Argentino fueron ingresadas a la Legislatura bajo la supervisión de la Justicia electoral entre la noche del domingo y la madrugada del lunes y ubicadas ordenadamente en los salones de la planta baja "Ciudad de Montevideo", "Arturo Jauretche" y "Presidente Perón" acondicionados al efecto. Los salones "San Martín" e "Hipólito Yrigoyen" prestan funciones atinentes a la Gestión de Actas y Cómputos del escrutinio hasta su finalización.

Las urnas ya están en la Legislatura para el escrutinio definitivo, más de 7300 urnas de los comicios desarrollados el domingo, arribaron en la madrugada de hoy a la Legislatura porteña, para que el miércoles comience el escrutinio definitivo. Ceca de dos millones de electores del distrito Capital Federal han votado para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y su vice; 3 senadores nacionales; 12 diputados nacionales; jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 30 legisladores de la Ciudad y 7 miembros para cada una de las 15 Juntas Comunales
La juez federal con competencia electoral en la Capital Federal, María Romilda Servini, dispuso que el recuento definitivo comience el miércoles, ya que el martes vence el plazo para presentar, si hubiera, "reclamos y protestas" sobre los comicios por parte de las agrupaciones políticas participantes.
El cómputo final se obtiene de la suma los resultados obtenidos de cada una de las mesas, ateniéndose a las cifras de las actas de escrutinio, a las que se adicionarán los votos que hubieren sido recurridos u observados y resultaren válidos, así como también los indebidamente impugnados. El plazo máximo para realizar el escrutinio definitivo es de 15 días corridos.
Las urnas aguardan en los salones de la Legislatura de la planta baja "Presidente Perón", "Ciudad de Montevideo" y su antesala "Arturo Jauretche", donde las aberturas fueron clausuradas con fajas de seguridad; para comenzar el miércoles en la planta principal el recuento por parte del personal de la Justicia Electoral.

Un juzgado Penal porteño ya publicó su primera guía del lenguaje claro y estilo, se trata del juzgado n.°10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas que encabeza Pablo Casas.
«El debido proceso exige que toda persona pueda defenderse, probar, impugnar, obtener una decisión que esté debidamente motivada, y otras garantías esenciales que permitan considerar que el trámite y la decisión judicial son válidos«, así comienza la guía que acaba de publicar este juzgado porteño. La primera de sus características, de libre acceso, basada en los procesos ya iniciados en pos de una #JusticiaAbierta con la idea de compartir, colaborar, innovar y mejorar a partir de la participación de los diversos actores de la comunidad.
«Todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en un proceso penal, tiene el derecho de conocer y comprender qué y porqué los jueces toman las decisiones. Sin embargo, quien no comprende no puede ejercer ninguno de estos derechos«, alerta en párrafos posteriores, y con mirada autocrítica advierte que «el vocabulario legal y técnico y ciertas prácticas judiciales antiguas, relativas al modo de redacción, estilo y formato, generan un problema en la comunicación entre los operadores judiciales y los ciudadanos, que en definitiva, son los destinatarios de la labor judicial».
Tras este núcleo de ideas, el trabajo conjunto propone mejorar el acceso a la información del Juzgado, con el objetivo puesto en:
■ Modificar el vocabulario promoviendo la utilización de terminología de uso corriente y disminuyendo el uso de términos complejos o muy técnicos,
■ Abandonar el lenguaje androcéntrico,
■ Uniformizar criterios y estilo en la confección de documentos y resoluciones,
■ Mejorar la redacción,
■ Elaborar modelos estándar que faciliten la visualización.
En el cierre de su texto introductorio sostiene que «iniciativas como ésta pueden colaborar con el objetivo de potenciar el acceso a la información pública y la transparencia por parte de los poderes del Estado, en particular del Poder Judicial, mejorar la legitimidad democrática de los jueces, y así también, colaborar con la mejora en la confianza que los ciudadanos tienen de la justicia».
En declaraciones a iJudicial, Casas agradeció muy especialmente a todo el personal del juzgado por su compromiso, y aseguró que «la guía no es más que el resultado de repensar la manera en la que hacemos las cosas». Y aclaró que «es simplemente una guía en constante revisión, que de ninguna manera pretendemos se transforme en un protocolo que deba seguirse de forma rígida».
Concluyó que «en este era, que algunos llaman de la comunicación, estamos convencidos que el Poder Judicial tiene que participar de la discusión externa e interna y probar otras formas de comunicar nuestro accionar, porque resulta clave para que las personas destinatarias de nuestro trabajo comprendan lo que se decide y las razones que tuvimos para llegar a esa decisión». Y por último, celebró la publicación, dado que «era un objetivo concreto de la planificación de nuestro Juzgado».
Por Redacción iJudicial el 25 octubre 2019.

La Ciudad dispone del programa de Patrocinio Jurídico para las Víctimas del Delito que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad. Hay más de 12 mil víctimas de delitos graves que deben ser atendidas en la Buenos Aires y hasta el momento no había ningún patrocinio jurídico que beneficie a la víctima de esta forma.
Este proyecto está orientado a las personas que no cuentan con recursos para solventar los gastos de representación legal. Los ingresos del grupo familiar, para poder acceder al servicio, no pueden exceder la suma de dos salarios mínimos.
Las personas que estén interesadas en tener un asesoramiento legal pueden escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o dirigirse al Hospital de Derechos, ubicado en la Avenida Rivadavia 2690, a la Comisaría de la Mujer o a la Procuración general de la Ciudad.
El subsecretario de Justicia de la Ciudad, Hernán Najenson detallo: "Estamos trabajando en cada una de las comunas para difundir el programa de Patrocinio Jurídico Penal gratuito. El objetivo es que las víctimas cuenten con asistencia, con un trato digno y que propicie la intervención de las víctimas en los procesos judiciales".
En el marco de la Ley 6.115 de la Ciudad artículo 37 bis que expresa: "el Estado garantiza a la víctima el derecho a recibir el patrocinio jurídico necesario para ejercer sus derechos y, en caso de que lo requiera, para querellar, conforme a la reglamentación que establezca la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...", la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad está presentando en las diferentes comunas este servicio.
Además, la Subsecretaría de Justicia firmó un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, para dictar dos prácticas profesionales que se dedicarán exclusivamente a la atención de víctimas, las mismas se darán en la Sede del Hospital de Derechos (Av. Rivadavia 2690) y en la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad (Charcas 2850).