Con su intervención, la Defensoría del Pueblo logró que la empresa CLARO desistiera de cobrar el envío de facturas impresas a sus usuarios de telefonía celular, a los que también deberá reintegrarles lo que indebidamente abonaron.

Para proteger el medio ambiente, varias empresas ofrecen la alternativa de facturar sus servicios por Internet. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Según explican, esa vía reduce la demanda de papel que se fabrica con la celulosa que se obtiene de los árboles que capturan al dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero que favorece el calentamiento global. Dicho de manera más sencilla: a menor consumo de papel, mejor calidad de vida.

Hasta aquí, todo bien; pero el diablo metió la cola y convirtió al altruista propósito ambiental en fuente de nuevos ingresos empresarios.

Algo así ocurrió en julio de 2009, cuando la compañía de telefonía celular CLARO ofreció a sus abonados la posibilidad de acceder a facturas electrónicas, advirtiéndoles que de requerir el envío de la tradicional factura impresa al domicilio deberían abonar un cargo adicional de 5 pesos por cada una.

La propuesta de CLARO no sólo violaba derechos consagrados por la Constitución Nacional y por la de la Ciudad, sino que infringía el artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual obliga a la empresa a suministrar a sus usuarios en forma gratuita, cierta, clara y detallada la información relacionada con las características del servicio que provee; entre ello, las facturas que se emitan en cualquier tipo de soporte.

Ante esta irregularidad, la Defensora del Pueblo Alicia Pierini se dirigió al Director General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno porteño para solicitarle, entre otras cosas, que ordenara a CLARO abstenerse de aplicar cargos dinerarios por la emisión de facturas impresas o cualquier otra medida que arancelase la información a los usuarios.

La presentación de Pierini derivó en un trabajoso trámite que llevó adelante el Área de Derechos de Consumidores, Usuarios y Administrados de la Defensoría –a cargo del doctor Norberto Darcy-, que no sólo logró que la empresa desistiese de cobrar los cuestionados 5 pesos a partir del mes de julio de este año, sino también que se comprometiera a descontar en sus futuras facturaciones los cobros percibidos indebidamente durante más de un año. En tanto, para quienes en ese lapso dejaron de ser abonados a los servicios de CLARO, se acordó que podrán recuperar lo pagado a través de los locales que conforman la red de Pago Fácil.