Martes 12 Noviembre 2019
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Política

Agentes de Tránsito

Deberán garantizarles cobertura y prevención de prestaciones frente a riesgos de trabajo, así lo había ordenado la justicia porteña el 1º de noviembre pasado. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó hoy que consiente la medida
La titular del Juzgado n.º 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Patricia López Vergara, había hecho lugar a la medida cautelar y ordenado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debía «abstenerse de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los Agentes de Tránsito». Todo ello en el marco de los autos caratulados «Asociación Trabajadores del Estado. contra GCBA sobre Amparo – empleo público – otros».
Por tanto, indicó que el Ejecutivo «deberá con carácter urgente proteger de forma inmediata la vida, la salud y mejorar las condiciones de trabajo en las cuales estos trabajadores desempeñan las funciones de Agentes de Tránsito -es decir, sobre aquellos que no revistan en planta permanente- y garantizarles la prevención y cobertura de prestaciones frente a riesgos de trabajo, lo cual incluye la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, la cobertura de enfermedades profesionales y en su caso, la indemnización por invalidez sobreviniente. Todo ello hasta tanto cada uno de los agentes contratados pase a integrar la planta transitoria de la Administración».
La magistrada recordó que entre las obligaciones internacionales asumidas, se encuentra el Convenio OIT n.º 155: «en el cual se busca promover la seguridad y salud en el trabajo y las mejoras en sus condiciones». Además, en el orden local, el texto de la ley n.º 2.540, en el marco del acuerdo celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el GCBA, estas jurisdicciones hace hincapié en la necesidad de "promover el 'trabajo decente'; y se comprometen a ejecutar en forma articulada acciones tendientes a instaurar el empleo de calidad que garantice un trabajo digno, el cumplimiento de las condiciones legales y convencionales, la eliminación de toda forma de trabajo que implique una clara y absoluta violación de los derechos de los trabajadores y de sus condiciones de salud y seguridad". En ese sentido expresó: «Trabajo decente es trabajo seguro».
Asimismo, la titular del Juzgado n.º 6 razonó: «pareciera que el propio Jefe de Gobierno en 2013 al suscribir el decreto con el Jefe de Gabinete asume 'la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios [que el Cuerpo de Agentes] presta a los ciudadanos' y luego los contrata como locador de servicios. Si un empleador particular violara de tal modo las leyes laborales, inmediatamente sería multado por la violación a la normativa de la LCT. ¿Y el Estado garante del cumplimiento de las leyes es el primero en violarlas?«.
En su sentencia, enfatizó que «los Agentes de Tránsito son seres humanos que a través de su presencia permanente en la vía pública tienen a su cargo el control del tránsito vehicular, la educación vial y velan por la seguridad y cuidado tanto de los peatones como de los conductores». «Pero... ¿quién cuida de ellos?», se preguntó. En ese orden de ideas, agregó que «se descuenta la necesidad de explicitar para ello la imperiosa necesidad de evitar que acontezca la pérdida de otra vida humana, mientras se clama por justicia, la cual debe responder al mismo en pos de evitar dar solución a los conflictos en forma tardía. Justicia tardía no es justicia».
Por último, López Vergara resolvió asimismo que «deberá informar informe las medidas adoptadas a fin de cumplir la manda cautelar en el plazo de cinco (5) días«.
Tras ser consultado por iJudicial, por el estado de la causa, desde el juzgado informaron que en el día de hoy el GCBA presentó un escrito en el que manifestó que avala la medida cautelar dispuesta por el tribunal y que la resolución se halla consentida. A su vez, el gobierno comunicó que ya comenzó a regularizar la situación de alguno de los agentes afectados.-
Por Redacción iJudicial el 7 noviembre 2019.

Auditoría - candidatos

Se inició el proceso de selección de Auditores de la Ciudad, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura firmó el dictamen que avala la postulación de los candidatos acordados por las fuerzas políticas. Habrá Audiencia Pública.
En una reunión celebrada ayer por la mañana, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control emitió un dictamen favorable sobre los candidatos propuestos para ocupar los siete cargos de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires, que deben ser designados por la Legislatura, según lo establece la Constitución local.
De esta manera se inició al proceso de selección, que continuará el próximo 3 de diciembre con una Audiencia Pública que se celebrará en la Legislatura, donde expondrán los candidatos que finalmente serán elegidos por un período de cuatro años y con acuerdo de las fuerzas políticas.
En los términos del artículo 136 de la Constitución de la CABA y los artículos 137 y 138 de la Ley N° 70, los candidatos para integrar la Auditoría que avaló la Junta de Ética son: Ana Judith Barchetta, Juan José Calandri, Mariela Giselle Coletta, Pablo Clusellas, Mariana Inés Gagliardi, Jorge Mario Hugo Garayalde, Alberto Gowland, Lucía Alicia Graffigna, María Raquel Herrero, Daniel Agustín Presti, Camila Febe Rodríguez, Vicente Federico Rodríguez, Facundo Nicolás Roma, María Cecilia Sanzone, Lisandro Mariano Teszkiewicz, Hugo Alejandro Vasques, Paula Beatriz Villalba y Marcelo German Wechsler.
La Auditoría General de la Ciudad ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. Además dictamina sobre los estados contables financieros de la administración pública, centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.
"Los/as Auditores/as Generales son designados por la Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad", establece la normativa, y aclara que "para ser Auditor/a General, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad, tener título universitario y contar con probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al Sector Público".

Un Manual de Procedimientos abierto a la comunidad

La iniciativa del Juzgado n.º 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño ya está disponible en la web. La titular del Juzgado n.º 13 n lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Lorena Tula del Moral, junto a su equipo de colaboradores difundió a través de la red social Twitter, un «Manual de procedimientos de la función jurisdiccional y de implementación de los principios de Justicia Abierta», el primero de sus características en la justicia porteña.
«Apoyados en modelos de justicia procedimental (procedural justice o procedural fairness), entendida como la ecuanimidad utilizada para llegar a las decisiones, implementamos una serie de modificaciones que nos permitiera aumentar la confianza de la ciudadanía en los/as funcionarios/as, aumentar el acatamiento y la comprensión de nuestras decisiones, reducir los tiempos de nuestros trámites y simplificar el acceso a la justicia a los ciudadanos de Buenos Aires», señala en su introducción el trabajo publicado.
Un manual de procedimientos operativos del juzgado, donde se condensan y explican todos y cada uno de los circuitos de trabajo que utiliza dicha dependencia, con el objetivo de trabajar de una manera ágil, eficiente y transparente; y con la ambición de que la experiencia se replique a partir de esta primera aproximación que es la guía.
Consultada por iJudicial, la magistrada aseguró que «el juzgado tiene dos ejes de trabajo fuertes que interactúan constantemente entre sí y se complementan». Y especificó que uno de ellos, es la función jurisdiccional ejercida bajo los parámetros de justicia abierta. «Hace unos años comenzamos a documentar cada uno de los procesos que consensuamos y establecimos como la forma más eficiente de realizar nuestro trabajo en estas dos facetas», indicó y añadió que «el largo camino, en el que todavía nos encontramos, estuvo marcado por la contribución de todos los y las integrantes del equipo, la recepción de sus inquietudes y la apertura a las demandas sociales que llegaban a nuestros oídos».
Por último, Tula del Moral señaló que «cada una de las actividades descripta en este documento implica una serie de procedimientos que hemos estandarizado y sistematizado, de modo que la visualización del paso a paso permita mejorar su desarrollo y, a su vez, servir de guía a quienes pretendan sumarse a esta iniciativa».
Por Redacción iJudicial el 1 noviembre 2019.

Comienza el escrutinio definitivo

A partir de las 8:00, comienza en la Legislatura el recuento de votos que contienen las urnas de los sufragios del 27 de octubre emitidos en el distrito, luego de cumplirse el plazo de 48 horas en el que no se presentaron reclamos por parte de las agrupaciones políticas participantes.
"Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección la Junta recibirá las protestas y reclamaciones que versaren sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Transcurrido ese lapso no se admitirá reclamación alguna", establece el artículo 110 del Código Electoral Nacional.
Vencido el plazo, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción, mientras que está previsto que la actividad finalice a inicios de la semana próxima.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar: si hay indicios de que haya sido adulterada; si no tiene defectos sustanciales de forma; si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio; si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de denuncia de un partido político actuante en la elección; si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad computándolos en conjunto por sección electoral.
Por otra parte, en la sede del Tribunal Superior de Justicia, mañana también dará inicio el escrutinio definitivo de las mesas de votantes extranjeros.
Las urnas con custodia de efectivos de la Gendarmería Nacional y del Ejército Argentino fueron ingresadas a la Legislatura bajo la supervisión de la Justicia electoral entre la noche del domingo y la madrugada del lunes y ubicadas ordenadamente en los salones de la planta baja "Ciudad de Montevideo", "Arturo Jauretche" y "Presidente Perón" acondicionados al efecto. Los salones "San Martín" e "Hipólito Yrigoyen" prestan funciones atinentes a la Gestión de Actas y Cómputos del escrutinio hasta su finalización.

Elecciones - Urnas en la Legislatura

Las urnas ya están en la Legislatura para el escrutinio definitivo, más de 7300 urnas de los comicios desarrollados el domingo, arribaron en la madrugada de hoy a la Legislatura porteña, para que el miércoles comience el escrutinio definitivo. Ceca de dos millones de electores del distrito Capital Federal han votado para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y su vice; 3 senadores nacionales; 12 diputados nacionales; jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 30 legisladores de la Ciudad y 7 miembros para cada una de las 15 Juntas Comunales
La juez federal con competencia electoral en la Capital Federal, María Romilda Servini, dispuso que el recuento definitivo comience el miércoles, ya que el martes vence el plazo para presentar, si hubiera, "reclamos y protestas" sobre los comicios por parte de las agrupaciones políticas participantes.
El cómputo final se obtiene de la suma los resultados obtenidos de cada una de las mesas, ateniéndose a las cifras de las actas de escrutinio, a las que se adicionarán los votos que hubieren sido recurridos u observados y resultaren válidos, así como también los indebidamente impugnados. El plazo máximo para realizar el escrutinio definitivo es de 15 días corridos.
Las urnas aguardan en los salones de la Legislatura de la planta baja "Presidente Perón", "Ciudad de Montevideo" y su antesala "Arturo Jauretche", donde las aberturas fueron clausuradas con fajas de seguridad; para comenzar el miércoles en la planta principal el recuento por parte del personal de la Justicia Electoral.

Guía del lenguaje claro y estilo

Un juzgado Penal porteño ya publicó su primera guía del lenguaje claro y estilo, se trata del juzgado n.°10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas que encabeza Pablo Casas.
«El debido proceso exige que toda persona pueda defenderse, probar, impugnar, obtener una decisión que esté debidamente motivada, y otras garantías esenciales que permitan considerar que el trámite y la decisión judicial son válidos«, así comienza la guía que acaba de publicar este juzgado porteño. La primera de sus características, de libre acceso, basada en los procesos ya iniciados en pos de una #JusticiaAbierta con la idea de compartir, colaborar, innovar y mejorar a partir de la participación de los diversos actores de la comunidad.
«Todo ciudadano, aunque no se vea directamente involucrado en un proceso penal, tiene el derecho de conocer y comprender qué y porqué los jueces toman las decisiones. Sin embargo, quien no comprende no puede ejercer ninguno de estos derechos«, alerta en párrafos posteriores, y con mirada autocrítica advierte que «el vocabulario legal y técnico y ciertas prácticas judiciales antiguas, relativas al modo de redacción, estilo y formato, generan un problema en la comunicación entre los operadores judiciales y los ciudadanos, que en definitiva, son los destinatarios de la labor judicial».
Tras este núcleo de ideas, el trabajo conjunto propone mejorar el acceso a la información del Juzgado, con el objetivo puesto en:
■ Modificar el vocabulario promoviendo la utilización de terminología de uso corriente y disminuyendo el uso de términos complejos o muy técnicos,
■ Abandonar el lenguaje androcéntrico,
■ Uniformizar criterios y estilo en la confección de documentos y resoluciones,
■ Mejorar la redacción,
■ Elaborar modelos estándar que faciliten la visualización.
En el cierre de su texto introductorio sostiene que «iniciativas como ésta pueden colaborar con el objetivo de potenciar el acceso a la información pública y la transparencia por parte de los poderes del Estado, en particular del Poder Judicial, mejorar la legitimidad democrática de los jueces, y así también, colaborar con la mejora en la confianza que los ciudadanos tienen de la justicia».
En declaraciones a iJudicial, Casas agradeció muy especialmente a todo el personal del juzgado por su compromiso, y aseguró que «la guía no es más que el resultado de repensar la manera en la que hacemos las cosas». Y aclaró que «es simplemente una guía en constante revisión, que de ninguna manera pretendemos se transforme en un protocolo que deba seguirse de forma rígida».
Concluyó que «en este era, que algunos llaman de la comunicación, estamos convencidos que el Poder Judicial tiene que participar de la discusión externa e interna y probar otras formas de comunicar nuestro accionar, porque resulta clave para que las personas destinatarias de nuestro trabajo comprendan lo que se decide y las razones que tuvimos para llegar a esa decisión». Y por último, celebró la publicación, dado que «era un objetivo concreto de la planificación de nuestro Juzgado».
Por Redacción iJudicial el 25 octubre 2019.

Servicio gratuito de abogados

La Ciudad dispone del programa de Patrocinio Jurídico para las Víctimas del Delito que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad. Hay más de 12 mil víctimas de delitos graves que deben ser atendidas en la Buenos Aires y hasta el momento no había ningún patrocinio jurídico que beneficie a la víctima de esta forma.
Este proyecto está orientado a las personas que no cuentan con recursos para solventar los gastos de representación legal. Los ingresos del grupo familiar, para poder acceder al servicio, no pueden exceder la suma de dos salarios mínimos.
Las personas que estén interesadas en tener un asesoramiento legal pueden escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o dirigirse al Hospital de Derechos, ubicado en la Avenida Rivadavia 2690, a la Comisaría de la Mujer o a la Procuración general de la Ciudad.
El subsecretario de Justicia de la Ciudad, Hernán Najenson detallo: "Estamos trabajando en cada una de las comunas para difundir el programa de Patrocinio Jurídico Penal gratuito. El objetivo es que las víctimas cuenten con asistencia, con un trato digno y que propicie la intervención de las víctimas en los procesos judiciales".
En el marco de la Ley 6.115 de la Ciudad artículo 37 bis que expresa: "el Estado garantiza a la víctima el derecho a recibir el patrocinio jurídico necesario para ejercer sus derechos y, en caso de que lo requiera, para querellar, conforme a la reglamentación que establezca la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...", la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad está presentando en las diferentes comunas este servicio.
Además, la Subsecretaría de Justicia firmó un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, para dictar dos prácticas profesionales que se dedicarán exclusivamente a la atención de víctimas, las mismas se darán en la Sede del Hospital de Derechos (Av. Rivadavia 2690) y en la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad (Charcas 2850).

Indelebles, Muestra fotográfica

En el marco del mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y a horas de celebrarse un nuevo Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el legislador de la Ciudad Daniel Del Sol (Vamos Juntos) reconoció el miércoles en la Legislatura de la Ciudad a los autores del proyecto "Indelebles", una muestra fotográfica itinerante que retrata a mujeres que les reconstruyeron las areolas mamarias a través de un tatuaje.
"Felicito a los organizadores por esta iniciativa que involucra a la salud y a lo social. Tiene muchísimo valor. Y por supuesto que también a las mujeres que con coraje enfrentaron y superaron esta dura enfermedad", manifestó el diputado Del Sol al inaugurar el acto que se llevó a cabo en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado por los coautores de la iniciativa, Paola Michielotto, Claudio Romero y Marilú González Estevarena, y Ester "Niti" Iglesias, subsecretaria de Comunas de la Legislatura.
El proyecto, a cargo de Gonzalo Gerardin (fotografías) y Alejo Tarrío (investigación y texto), cuenta con una exposición con más de 30 obras que tiene el fin de generar conciencia sobre prevención y tratamientos, comunicar experiencias de mujeres que eligen completar su recuperación, demostrar que las sobrevivientes vuelven a decidir sobre su cuerpo y favorecer un abordaje que no considere al cáncer un tema tabú, despejando prejuicios acerca del mundo del tatuaje.
Diego Starópoli, dueño de Mandinga Tattoo, realiza tatuajes que finalizan el proceso de reconstrucción de areolas mamarias de manera solidaria y gratuita. Esta tarea la comenzó en octubre de 2015 y ya lleva tatuadas 1000 mujeres que sufrieron operaciones a causa del cáncer de mama.
Al recibir el diploma que declara a Indelebles de Interés Cultural y Social de la Ciudad, los homenajeados agradecieron el reconocimiento: "Podremos hacer mil trabajos, pero ninguno será tan conmovedor como este. Sin la predisposición de las chicas, no lo hubiésemos podido construir", afirmó Alejo Tarrío. En tanto, Gonzalo Gerardin expresó que "haber conocido a estas mujeres es uno de los hechos más lindos que me pasó en la vida profesional y personal".
Por último, Gladys Herrera, en representación de todas las modelos que posaron, destacó que el tatuaje les "devolvió el autoestima".
En septiembre, la muestra fotográfica itinerante fue exhibida en las comunas 4, 15 y 8; mientras que en todo octubre se realiza en la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto 1° 250. Además, de manera complementaria, se suministra material ilustrativo sobre detección y prevención de la enfermedad, y las sobrevivientes y retratistas dan testimonios sobre sus experiencias.
El acto contó con las presencias de: Marta Guzmán, jefa de Área Desconcentradas en Comunas de la Dirección de la Mujer de la Ciudad; Olga San Sebastián, gerente Operativa del área de Fortalecimiento de Igualdad de Oportunidades y Género de la Dirección General de la Mujer; Roberto Salcedo, presidente de la Comuna 1; Fabián Castillo, presidente de FECOBA; e integrantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, OSDEPYM y Polytech.

Multa a Edesur

Confirman multa a Edesur por un corte de luz que se extendió dos días y medio, la Cámara confirmó la multa dispuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por interrumpir el suministro de una usuaria durante 60 horas.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por su titular, Carlos Balbín, y las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, rechazó el recurso interpuesto por la Empresa Distribuidora Sur SA y confirmó la disposición del área de Defensa y Protección al Consumidor por la que se le impuso una multa de 60 mil pesos. Todo ello en el marco de la causa «Empresa Distribuidora Sur SA contra Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor sobre recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor».
La multa respondió a la denuncia de una usuaria que, en julio de 2016, sufrió un corte de luz que se extendió por 60 horas y reclamó a la empresa la suma de 7 mil pesos (aparte de otro que tenía en curso por 3434,28 pesos). Al respecto, informó que no obtuvo respuesta satisfactoria de la prestataria, ni del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Balbín, quien además preside la Sala I, indicó que «la DGDyPC impuso la multa a Edesur por haber incumplido los artículos 19 y 20 de la Ley de Defensa al Consumidor y teniendo en cuenta que se trata de una relación de consumo en el marco de un servicio público domiciliario prestado en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde concluir que la DGDyPC resulta competente para entender en las presentes actuaciones». Y señaló que desde la sanción de la ley, el usuario puede optar administrativamente entre formular sus reclamos ante los entes reguladores o bien ante la autoridad de aplicación nacional o local de la Ley de Defensa del Consumidor.
«La usuaria describió la fecha, horario y número en cada uno de sus reclamos. La empresa podía controvertir estos hechos al formular su descargo, pero no lo hizo. Por el contrario, en su presentación en sede administrativa reconoció la existencia de cortes, aunque sostuvo que la duración fue menor a la informada por la usuaria», amplió el camarista. Por lo tanto, la defensa no estuvo basada en la inexistencia del corte de suministro, sino en otros argumentos, que tampoco fueron acreditados; y en la omisión de los reiterados reclamos de la propia usuaria.
La camarista Díaz votó en el mismo sentido, y en su fundamentación, recordó que «la empresa contaba con 30 días para demostrar que el suceso ocurrió por motivos ajenos a su parte y, sin embargo, no acompañó elementos probatorios que controviertan ese extremo ni constancias que prueben que realizó el reintegro correspondiente».
La jueza Schafrik adhirió al voto y los fundamentos del titular de la Sala I.-
Por Redacción iJudicial el 15 octubre 2019

Jornada sobre Parlamento Abierto

La jefa del Bloque Peronista en el parlamento porteño, María Rosa Muiños, planteó el viernes la necesidad de "construir nuevos puentes entre la ciudadanía y sus instituciones, para mayor transparencia y participación" y propuso para eso "accionar desde la Legislatura para el desarrollo de las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos" de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
Muiños habló esta tarde en el salón San Martín del palacio legislativo para clausurar las deliberaciones de una jornada sobre "Parlamento Abierto", destinada a intercambiar propuestas y puntos de vista sobre la participación popular en la vida institucional de la Ciudad.
"Debemos darles un lugar de debate a los Consejos Consultivos, entre ellos y con otros de otras comunas. Debemos fortalecer a nuestras instituciones más nuevas, cuyos integrantes tienen acceso directo a la problemática de los vecinos, y que no han sido respetados por los distintos poderes ejecutivos", enfatizó la legisladora, tras recordar que las Comunas instituidas por la Constitución de la Ciudad sólo se expusieron en funcionamiento con retraso por un amparo judicial.
Para Muiños, hasta ahora los distintos gobiernos locales "no han tenido voluntad política de abrir la participación y de compartir democráticamente la toma de decisiones" con las autoridades comunales. Por eso recomendó trabajar aprovechando las tecnologías de información y comunicación y "pretendemos -dijo- que esto sea un ida y vuelta; tenemos mucho para aprender y mucho que enseñar", concluyó.
El panel "Programas en desarrollo", vinculados a la participación ciudadana en el ámbito legislativo tanto de la CABA como otras jurisdicciones del país, incluyó charlas sobre "La Legislatura y la Escuela", "Construcción de ciudadanía - Parlamento Juvenil" y "Diputados por un día - Pido la palabra". En tanto, el segundo panel se basó en la presentación de los proyectos "La Legislatura y los vecinos", cuyo fin es debatir y presentar iniciativas surgidas en los Consejos Consultivos Comunales, y "Parlamento Universitario - Del proyecto a la ley", con el objetivo de estimular la participación de estudiantes universitarios de grado en el ámbito legislativo.
El evento fue organizado por la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina -ASALRA- y la Subsecretaría de Gestión Parlamentaria de la Legislatura de la CABA, con la participación de dirigentes políticos y sindicales, funcionarios, asesores legislativos, estudiantes y público en general.

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